El Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite la denuncia interpuesta por un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al permitir manifestaciones como la del 8 de marzo.
Son los mismos delitos por los que abrió diligencias la jueza de Madrid contra el delegado de Gobierno en Madrid.
La denuncia se ha remitido al Alto Tribunal dada la condición de aforado del presidente del Ejecutivo y después de que una jueza de Madrid decidiese abrir diligencias previas contra el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Manuel Franco, por los mismos hechos.
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