Ni trama organizada, ni acción terrorista ni organización criminal planificada. Las investigaciones policiales coordinadas por la fiscalía sobre el origen de la descomunal oleada incendiaria que asoló el sur de Galicia el otoño pasado causando cuatro muertos y arrasando más de 47.000 hectáreas han echado finalmente por tierra la teoría de la conspiración a la que se aferró el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el minuto cero.
El trabajo realizado por las distintas fuerzas de seguridad presentadas este lunes en la comisión parlamentaria de estudio de los incendios forestales por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, evidencian que el perfil de los incendiarios fue el mismo de siempre: varones, de edad media o avanzada, con escaso nivel cultural, vecinos de las zonas afectadas y que actúan aisladamente por motivos relacionados con actividades agrícolas o ganaderas a los que se suma algún pirómano. El informe descarta también como causas los tres elementos del imaginario colectivo gallego: madera, urbanismo y economía del fuego, aunque destaca el elevado índice de intencionalidad, del 61%.
Las insinuaciones reiteradas tras la catástrofe por Feijóo (“lo sucedido no es fruto de la casualidad”, “nos atacaron indiscriminadamente”, “no sabemos si es una trama o si están coordinados”) a las que se sumó el comisario jefe de Policía de Vigo (aseguró que trabajaban con la hipótesis de que los incendios del entorno de esa ciudad eran fruto de “un grupo organizado) quedan, por tanto, descartadas.
El informe expuesto por Suanzes sí recoge que las condiciones meteorológicas del fin de semana del 14 y 15 de octubre en el que se generaron los grandes incendios “fueron trascendentes, como lo indicaba que el índice de riesgo reconocido por la Xunta alcanzase su nivel máximos esos días para Ourense y Pontevedra”. No obstante, el Gobierno gallego había desmantelado el equipo de lucha contraincendios porque, justificó en su momento el presidente autonómico, el despido de 436 brigadistas no sería relevante. “En la zona atlántica el riesgo bajó de forma evidente”, sentenció entonces Feijóo, circunscribiendo el peligro a la provincia de Ourense. Cuatro días después, las llamas devoraban el litoral.
En respuesta a las preguntas planteadas por los grupos, el fiscal superior de Galicia mantuvo que las penas actuales por delito de incendios “son estímulos suficientes” y no es necesario endurecerlas (llegan hasta 10 y 20 años) aunque precisó: “Nosotros no somos el legislador; les corresponde a ustedes”.
Tanto el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, como la Unidad Militar de Emergencias (UME) han rechazado comparecer en esta comisión parlamentaria a la que están citados 65 representantes de Administraciones, universidades, sindicatos y otros organismos, apelando a que les correspondería hacerlo en las Cortes Generales y no en el Parlamento autonómico.
La Delegación del Gobierno remitió, no obstante, el pasado febrero a la Cámara gallega un informe sobre medios, personal de lucha contra los incendios e investigaciones y detenciones realizados por las fuerzas de seguridad y la UME. En el mismo se incluían datos sobre el comportamiento meteorológico de Galicia desde el año 2000 así como de Protección Civil y del catastro, relativos en este último caso a la estructura de la propiedad en las parcelas rústicas.
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