¿Qué es el CETA y por qué se lo critica? Porque perjudica a los europeos y sus pymes en beneficio de los intereses de las multinacionales (las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si tomaran medidas que afecten a sus “expectativas legítimas”); el CETA genera un aumento de las desigualdades y el deterioro de los servicios públicos; el CETA también debilita nuestro sistema legal y la capacidad de nuestros Estados para poner en marcha políticas públicas

Al contrario de lo que se defiende oficialmente, nadie es capaz de demostrar la capacidad del CETA para generar prosperidad y crear puestos de trabajo. Los resultados oficiales de la  evaluación del impacto sobre su sostenibilidad prevén un aumento del PIB de 0,03%, y otros estudios independientes anticipan la destrucción de más de 200.000 puestos de empleo en toda la UE. La Comisión Europea dice que el CETA es sobre todo una manera de hacer que las pequeñas empresas prosperen, pero este argumento cae por su propio peso: el 99% de las pymes no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la UE debido a la competencia con las grandes empresas Canadienses.

El acuerdo entre la UE y Canadá, por lo tanto, no va dirigido a la creación de riqueza. Cuando exponemos esta contradicción, los defensores del CETA subrayan un argumento geopolítico: sostienen que su intención principal es crear unos estándares de calidad en el comercio internacional elevados, en colaboración con los socios afines, como es el caso de Canadá. Pero una vez más, el texto del acuerdo no lo refleja. Las normas sanitarias no se refuerzan, el “principio de precaución” no se menciona en ninguna parte. La UE y Canadá tampoco se comprometieron en proteger mejor los derechos sociales y los derechos laborales. Y nuestros compromisos climáticos adquiridos en la COP21 entran en flagrante contradicción con el texto de CETA, del que podemos esperar que suponga un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En esencia, el acuerdo comercial entre la UE y Canadá va en contra de lo que nuestras sociedades europeas necesitan, porque genera un aumento de las desigualdades y el deterioro de los servicios públicos. De hecho, el CETA promueve la liberalización en lugar de la protección, la desregulación en lugar de re-regulación. También debilita nuestro sistema legal y la capacidad de nuestros Estados para poner en marcha políticas públicas. Tenemos varios ejemplos: mientras que los agricultores de la UE piden desesperadamente más protecciones en el mercado interno, el CETA abre nuevas cuotas libres de impuestos a la carne de cerdo canadiense, lo que representa un total de 140.000 toneladas al año. Mientras que el programa de desregularización de la UE ha demostrado ser un auténtico fracaso, el CETA ofrece a la competencia extranjera todos los servicios, incluso aquellos excluidos en el acuerdo.

Lo peor de todo es que, tras tres décadas de globalización salvaje que han dejado la sensación entre muchos ciudadanos de que sus gobiernos son incapaces de domesticarlo, las políticas públicas de los gobiernos se enfrentan a otro obstáculo ante las compañías multinacionales, ahora también mediante los canales legales.

El nuevo “Sistema Judicial de Inversiones” (ICS en sus siglas en inglés) no es fundamentalmente diferente del antiguo “Sistema de Arbitraje Internacional” (ISDS en sus siglas en inglés), ambos son completamente innecesarios y peligrosos: al igual que TransCanada demandó al gobierno de Obama por poner fin al proyecto Keystone XL (un sistema de oleoductos entre Estados Unidos y Canadá), las empresas canadienses podrían legalmente pedir a cualquier país europeo compensaciones si tomaran medidas que afecten a sus “expectativas legítimas”.

Vale la pena señalar que la Asociación Alemana de Jueces cuestiona severamente la compatibilidad de esta jurisdicción paralela con el orden jurídico de la UE. De hecho, existen serias dudas sobre la independencia y cualificación de los llamados “jueces ICS” (a destacar: van a ser pagados de forma diaria y serán seleccionados por un pequeño grupo de expertos), así como la protección del derecho de los Estados a regular según el interés público.

La Comisión Europea y los Estados miembros conocen nuestros argumentos. El hecho de que se decidiera redactar una “declaración interpretativa” para aclarar aún más las disposiciones del CETA muestra que nuestras reivindicaciones son plenamente fundadas. Pero esta declaración añadida a última hora tiene poco sentido. Es más bien una cortina de humo que no tiene ni el peso legal ni la ambición de contradecir algunos de los aspectos más problemáticos del CETA. No puede contrarrestar el mecanismo de liberalización de los servicios, no menciona el principio de precaución o los objetivos de protección del clima, por citar algunos de los elementos más controvertidos.

Creemos firmemente que el CETA no es el tipo de acuerdo que Europa necesita.

Del mismo modo que estamos convencidos que el CETA es peligroso para nuestra democracia, nuestra economía, nuestras normas y nuestro medio ambiente, también pensamos que no aporta una buena regulación del comercio, sobre todo a nivel multilateral. Somos firmes partidarios del multilateralismo en las relaciones comerciales, para que estas contribuyan a la creación de beneficios tangibles para los y las trabajadoras y consumidoras, que suponga una verdadera regulación de la globalización, integrando la lucha contra el calentamiento global, salvaguardando nuestras normas y preservando nuestros modelos democráticos. Pero cualquier otro tipo de acuerdo debe ser combatido.

Y así lo haremos también con el CETA.

Firman este artículo eurodiputados del “Progressive Caucus” del Parlamento Europeo: Marie ARENA, S&D (Parti socialiste – Belgium); Guillaume BALAS, S&D (Parti socialiste – France); Hugues BAYET, S&D (Parti socialiste – Belgium); Sergio COFFERATI, S&D (Italy); Fabio DE MASI,; GUE/NGL (DIE LINKE – Germany); Yannick JADOT, Greens/EFA (Europe Ecologie – France); Eva JOLY, Greens/EFA (Europe Ecologie – France); Stelios KOULOGLOU, GUE/NGL (ΣΥΡΙΖΑ – Greece); Curzio MALTESE, GUE/NGL (Italy); Florent MARCELLESI, Greens/EFA (EQUO – Spain); Emmanuel MAUREL, S&D (Parti socialiste – France); Anne-Marie MINEUR, GUE/NGL (Socialistische Partij – Netherlands); Dimitrios PAPADIMOULIS, GUE/NGL (ΣΥΡΙΖΑ- Greece); Georgi PIRINSKI, S&D (Bulgarska sotsialisticheska partiya- Bulgaria); Marc TARABELLA, S&D (Parti socialiste – Belgium); Ernest URTASUN, Greens/EFA (Iniciativa per Catalunya Verds – Spain); Monika VANA, Greens/EFA (Die Grüne Alternative – Austria).

CONCEPTOS-

  • A finales de octubre del pasado año la Unión Europea y Canadá firmaron un acuerdo, el CETA.
  • Este pacto de libre comercio se desarrolla en 13 capítulos y ambas partes estuvieron negociando desde 2009 para alcanzar el consenso.
  • Pero, ¿qué es exactamente el CETA? ¿Cómo beneficia a Canadá? ¿Y qué pasa con la UE?

 

¿Qué es el CETA? Es un acuerdo de libre comercio cuyas siglas, CETA, provienen de ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’. El CETA reduce las tasas aduaneras para un gran número de productos y estandariza normas para favorecer los intercambios y para cambiar profundamente las relaciones comerciales entre los dos territorios.

¿Ya se ha implantado? Sí. El Parlamento Europeo lo aprobó el pasado 17 de enero, y automáticamente se aplicó al 95%. Para estar plenamente vigente tendrán que ratificarlo los Parlamentos de los Veintiocho Estados miembros. Una tarea que se augura larga e incierta, además de inédita.

¿Cómo beneficia a Canadá? Canadá gana mayor y mejor acceso a un mercado de 500 millones de personas, con ventajas para sus empresas que no tienen otras grandes potencias económicas como Estados Unidos o Japón. El tratado eleva gradualmente las cuotas europeas para productos agrícolas de Canadá y homologa recíprocamente las regulaciones de productos como maquinaria industrial, equipos de radio, juguetes o equipos de medición.

¿Y qué pasa con la UE? No entran en el CETA los servicios sanitarios, sociales o la educación. Las empresas europeas se ahorrarán más de 500 millones de euros al año en aranceles y aumentarán su cuota de acceso a las licitaciones públicas en Canadá, en mercados como las telecomunicaciones, la energía o el transporte.

La protección de las patentes europeas en Canadá pasa de 20 a 22 años, se refuerzan los derechos de autor, mejora la convalidación de títulos universitarios y profesionales y facilita la expatriación de trabajadores.

No entran en el CETA los servicios sanitarios, sociales o la educación, y se aplican restricciones a otros como el audiovisual.

Tampoco permite la exportación canadiense de organismos genéticamente modificados (OGM) o ternera tratada con hormonas.

¿Y con España? Canadá es el 30º cliente y el 45º proveedor de la economía española. España tuvo en 2015 un balance comercial positivo con Canadá de 479 millones de euros.

El acuerdo protege 145 denominaciones de origen europeas, 26 de ellas de España: 15 aceites de oliva, azafrán de la Mancha, quesos Manchego y de Mahón, turrones de Alicante y de Jijona, embutido de Guijuelo y jamones de Huelva y Teruel, también el salchichón y la llonganissa de Vic.

Además, Canadá reconocerá como marca de la UE los productos etiquetados como Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians, pero se permitirá seguir operando a marcas canadienses como Orange Valencia o Valencia Orange.

¿Por qué se critica el CETA? Movimientos de izquierda y antiglobalización han criticado el CETA, entre otras cosas, por la opacidad con la que se negoció. (Para las críticas, ver la primera parte de esta noticia).

Lo consideran “el caballo de Troya” del acuerdo TTIP que se discute con Estados Unidos y le achacan que beneficia a las multinacionales y no a los ciudadanos.

El ámbito que más desconfianza ha generado es el de los arbitrajes del denominado Investment Court System (ICS), un sistema privado de administración de Justicia entre inversores y Estados con el que se pretende estandarizar interpretaciones y acelerar las decisiones. Ante la reticencia que suscitaban los arbitrajes, se decidió que fueran la UE y Canadá quienes eligiesen a los jueces, se reforzaron además los códigos de conducta y se introdujo el derecho de apelación.

Respecto a los Estados de la UE, más allá del bloqueo de la región belga de Valonia al CETA, Rumanía y Bulgaria reclamaron reciprocidad en la política de visados; Eslovenia y Hungría temían que los jueces de los arbitrajes no conocieran sus sistemas legales; Grecia se quejó porque no se respetaba la denominación del queso Feta y el Constitucional alemán aún no ha dicho su última palabra.

Origen: ¿Qué es el CETA? – 20minutos.es

OPINIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO SOBRE EL CETA-

Hace ya un buen puñado de años que las multinacionales están intentando gobernar el mundo sin la molesta vigilancia de los estados democráticos. En la década de los 90 del pasado siglo se estuvo ya negociando un “Acuerdo Multilateral de Inversiones” (AMI) que pretendía sustraer el comercio internacional a la autoridad de los estados democráticos. La llamada de alerta de diversas instituciones hizo que el AMI fracasara, al hacerse público el contenido del mismo (que, como el CETA y el TTIP, se estaba negociando con el máximo secreto) provocando la reacción de medios de comunicación, organizaciones sociales, e instituciones que denunciaban la amenaza que tal acuerdo suponía para la democracia, los derechos sociales y el medio ambiente (https://www.cristianismeijusticia.net/sites/www.cristianismeijusticia.net/files/pap22es.pdf).
Pero ese fracaso no desalentó a sus impulsores. El TTIP y el CETA no son más que intentos diversos de alcanzar el mismo objetivo por medios distintos.
El objetivo a alcanzar: que la democracia no estorbe a los negocios, que la preocupación por el medio ambiente no interfiera en la especulación financiera, que la defensa de los derechos sociales no limite los beneficios de las grandes corporaciones multinacionales.
Hoy el CETA es la punta de lanza que busca alcanzar ese propósito.
Su artículo no es más que un intento de ocultar esa realidad, esa dura realidad para quien quiere ser considerado un político de izquierda pero pertenece a un partido que practica una política no ya, como dice al comienzo de su artículo, caracterizada por una economía social y de mercado, sino una política neoliberal y una economía radicalmente neocapitalista. Las políticas sociales que defienden ustedes no son más que un maquillaje superficial de las políticas tanto de las instituciones europeas como, aquí en España, del gobierno del PP mantenido en pie por la verganzantre triple alianza de la que ustedes forman part

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