DÉFICIT ASFIXIANTE

 

Cascos dice que pedir a los demás un esfuerzo sobre el déficit que uno no practica «no parece muy ejemplar»

 

El presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha  declarado que pedir a los demás un esfuerzo sobre el déficit que uno no practica «no parece una política muy ejemplar». «Eso de pedirle a los demás lo que no practica uno no parece que sea una política muy ejemplar y trasladarle a los demás la solución de los problemas propios no es asumible y no lo es para Asturias en el caso concreto de los fondos mineros», ha señalado.

Respondía así Cascos a la supuesta contradicción del Gobierno central en la petición que cursará a las comunidades autónomas para que reduzcan su déficit hasta el 1,5 por ciento y que llega después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantase que España no respetará el 4,4 por ciento de desfase y recurrirá a un déficit nacional del 5,8 por ciento.

Para cerrar un presupuesto, continuó una comunidad debe conocer el estado de ingresos y relacionarlo con el de gastos y ha reiterado que «lo que el Principado reclama es que se definan los ingresos que se reciben de las transferencias del Estado» o, al menos, «los escenarios macroeconómicos para España para el año 2012″, que «ni facilitó el Gobierno anterior, ni el actual».

«Para hacer un presupuesto responsable el Principado de Asturias necesita la definición de los ingresos que le corresponden de las transferencias del Estado», ha dicho Cascos. Estos, sumados a las previsiones de los tributos propios, «permitirán conocer el capítulo de ingresos y establecer los techos de recorte de gasto que corresponden a los objetivos de déficit que seguro se cumplirán haciendo los esfuerzos que sean necesarios».

FONDOS MINEROS

El presidente asturiano considera así que «no es aceptable ni de recibo» que el Gobierno central «incumpla el principio de lealtad institucional» trasladando los límites de déficit impuestos por la Unión Europea a las comunidades autónomas. Particularmente en relación al recorte que afecta a los fondos mineros comprometidos para Asturias y en cuya defensa ha anunciado que el Principado llegará si es preciso al Tribunal Constitucional, una vez agotadas las vías del «diálogo» y de la «colaboración institucional».

CCOO

 El presidente de Foro y CCOO de Asturias han coincidido este martes en la necesidad de corregir de forma «urgente» los problemas de financiación «inimaginables hace tres años» y que en la actualidad «asfixian» a todas las empresas en la región.

Cascos ha advertido de que si las pequeñas y medianas empresas no reciben respaldo o ayuda no tienen posibilidades de continuar con su actividad «aún siendo competitivas», por lo que ha anunciado el compromiso de su partido para la consecución de créditos destinados a emprendedores o a la refinanciación de los pasivos. Esta promesa ya figuraba en su programa de Gobierno pero fue obstaculizada por el bloqueo del PPSOE a los presupuestos de Foro.

CCOO defiende la necesidad de contar con una política industrial bien definida, en la que el Gobierno redefina y reoriente el destino de las ayudas. García se ha referido por ejemplo a sectores como el de la minería, donde «no hay capacidad de buscar una alternativa real en términos de empleo» y la supresión de las partidas estatales recogidas en el Plan de Minería es «inasumible».

 Foro se ha comprometido aque muchas de las peticiones sindicales serán incluidas en su programa de gobierno, que «se aprobará formalmente el próximo jueves».

Cascos es partidario de adoptar con  «extraordinaria urgencia» medidas como un sistema de ayudas al sector naval equiparable al europeo o una reforma estructural de tarifas para que los costes de la electricidad permitan a la industria siderúrgica homologar sus condiciones a las de sus competidores europeos. El líder de Foro ha indicado que, de lo contrario, existen riesgos de «deslocalización de producción o de inversiones».

En lo que respecta a la minería, ha insistido en que «los compromisos existentes en el pago de las ayudas en las comarcas mineras son de obligado cumplimiento por el Gobierno de España», tanto por «razones económicas, como de Derecho Constitucional». Por último, ha avalado la necesidad de adoptar medidas encaminadas a la diversificación sectorial y al fomento de la actividad empresarial.