• La conselleira de Hacienda asegura que la norma vacía las competencias autonómicas y discrimina entre entidades financeiras
• Subraya la coherencia de la Xunta al recurrir el FROB, luchar contra un recurso político de la ley de cajas gallega y de nuevo ir contra un decreto que vacía competencias
• Fernández Currás destaca el esfuerzo de Galicia para poder permanecer en el mapa financiero español con una entidad propia, solvente y viable
• Reitera que las necesidades de capital de las cajas son consecuencia de un bandazo normativo que elimina estas entidades
• Dice que le corresponde a los gestores y órganos de gobierno de NCG la búsqueda de inversores leales y comprometidos para tener socios en el nuevo banco que creará
• Afirma que es tiempo de ayudar y de ser prudentes para consolidar una entidad solvente y gallega 

Santiago, 3 de mayo de 2011- La conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, anunció hoy que la Xunta de Galicia recurrirá el Real Decreto-Ley 2/2011 por entender la Asesoría Jurídica que es una norma que vacía las competencias autonómicas, que discrimina entre entidades, que genera inseguridad jurídica, que discrimina a las entidades en función de su comunidad de origen y que atenta contra el principio de libertad de empresa.

Fernández Currás, que compareció en el pleno del Parlamento a petición propia para informar sobre la situación de la reordenación del sistema financiero gallego, abogó por ejercer el legítimo derecho al recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la comunidad autónoma.

Por eso, pidió el apoyo de los grupos parlamentarios para defender las competencias estatutarias de Galicia y recordó que este ya no es el primer ataque a las mismas, sino que ya lo hubo con motivo de la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también fue recurrido por la Comunidad gallega.

En este sentido, la titular de Hacienda subrayó la coherencia de la Xunta en la defensa de los intereses de Galicia al recurrir el FROB, en la lucha contra un recurso político del Ejecutivo central sobre la ley de cajas gallega y ahora, de nuevo, presentando recurso contra el decreto de bancarización. Así, recordó que, de no ser por la actitud del Ejecutivo gallego, hoy por hoy las dos antiguas cajas gallegas ya dependerían de un banco con sede en Madrid. Subrayó que la Xunta está haciendo una defensa política, administrativa y jurídica.

Galicia permanece en el mapa financiero español
Así, destacó que hoy se puede hablar del futuro de Novacaixagalicia gracias al esfuerzo de Galicia y de los gallegos para poder permanecer en el mapa financiero español con una entidad propia, solvente y viable y garantizó que la Xunta trabajó y trabaja para que los centros de decisión del banco que tendrá que crear Novacaixagalicia queden en la autonomía. Reiteró que si las dos entidades que dieron paso a esta unión habían estado integradas en un Sistema Institucional de Protección (SIP), defendido desde algún grupo político, ya no tendría lugar esta comparecencia parlamentaria.

Marta Fernández Currás indicó que las necesidades actuales de capital de Novacaixagalicia, común al resto de entidades, no son como consecuencia de la ejecución del plan de negocio a cinco años aprobado por el Banco de España, que estaba siendo excelente, sino por un bandazo normativo que eliminará el actual concepto de cajas de ahorro. También lamentó que en España, al contrario que en otros países europeos, se tardara demasiado en actuar y tomar decisiones en esta materia.

La entidad tiene que buscar los inversores y la Xunta supervisar
Sobre el plan de recapitalización mixto de Novacaixagalicia, aprobado por el Banco de España y por el Consejo de Administración de la entidad, explicó que les corresponde a los gestores y los órganos de Gobierno la búsqueda de inversores leales y comprometidos para tener socios en el nuevo banco que se creará, pues son los que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones y son ellos, los administradores de la entidad, representando a impositores, trabajadores, fundadores, entidades benéficas y también a los responsables de la gestión operativa y estratégica de la entidad financiera. No obstante, añadió que la Xunta de Galicia no renuncia a la legítima labor de supervisor que estatutariamente le corresponde.

La conselleira de Hacienda añadió que ahora lo que hay que impedir es que un patrimonio de todos los gallegos se malvenda a causa de una exigencia normativa abrupta temporalmente, por lo que recalcó que es el momento de ayudar a consolidar un proyecto, a ponerlo en valor, para evitar que Galicia pierda uno de sus motores económicos y sociales.

De esta manera, concluyó que es el tiempo de ayudar, de ser prudentes y de que las actuaciones públicas vayan encaminadas a la consolidación de una entidad financiera solvente y gallega.