La Federación Socialista Asturiana (FSA) ha sido rápida en intentar desvincularse del escándalo Riopedre. El candidato socialista a la presidencia del Principado Javier Fernández evadió toda responsabilidad por los detenidos, hasta hace poco personalidades de primer orden en el gobierno regional y en el partido: “No nos corresponde a nosotros, ni a mí, defender la honorabilidad y el nombre de esas personas detenidas; que lo hagan ellos con la presunción de inocencia que establecen las leyes de este país”. De esta forma convertía en apestados a quienes durante muchos años habían sido ‘valiosos activos’ del socialismo asturiano.

Riopedre fue responsable del área de Educación en el Principado durante siete años.

Javier Fernández, para intentar alejarse todo lo posible del escándalo que sacude las filas del PSOE, suspendió primero de militancia a José Luis Iglesias Riopedre.

Después optó por la vía de asegurar que no sabía nada del tinglado y señaló lo evidente: que los asturianos asistían estupefactos al destape de un entramado político de primer nivel, en el que presuntamente primaron “unas presuntas conductas en clave de beneficio personal”.

Siguiendo con las obviedades, Fernández declaró que los delitos que se le imputan a Riopedre y a otros ex miembros de la Consejería de Educación son ”serios y graves”, por lo que implicarían -si así lo sentencian lo tribunales-  ”responsabilidades de orden penal y también políticas”. Al final de su intervención no tuvo más remedio que reconocer: ”Comprendo que la actitud de los ciudadanos sea de inquietud social y que miren hacia nosotros”.

El candidato del PSOE reclamó paradójicamente que se “aplique la justicia” con esos miembros de su propio partido, y que “se repongan las cantidades eventualmente defraudadas”.

Y para defender el honor que en estos días anda muy en entredicho de los socialistas, invitó a que se investigue “y controlen todo lo que quieran” a la FSA. El secretario general aclaró que su organización no encargaba los suministros a las empresas investigadas (Igrafo y Almacenes Pumarín) “pero en todo caso, a nosotros, que nos registren”. Claro que donde por el momento se centran las investigaciones es en otro punto clave del Principado, el gobierno regional, desde donde se sospecha que gran parte del dinero público ha sido evadido hacia las arcas de autoridades y cargos nombrados ’a dedo’ que conformaban el Ejecutivo socialista.

Sobre las dudas que el PP ha manifestado sobre la trama, sugiriendo que podría ser de un alcance mucho más amplio e involucrar a varias Consejerías además de la de Educación, insistió por activa y pasiva en el ‘a nosotros, que nos registren’. 

Los políticos de los partidos mayoritarios indican hacia donde van sus lealtades con un cruce variopinto de demandas: los populares piden que se investiguen los contratos de los ayuntamientos de Avilés y Gijón con los proveedores. Porque esos ayuntamientos los controlan los socialistas. Y a su vez el PSOE reclama una auditoría exhaustiva en el consistorio de Oviedo, regido por el PP. Vamos, que ‘si caemos nosotros, caéis vosotros’, parece ser el lema reinante entre los dos principales partidos.

Además Javier Fernández aseguró que no había intercambiado directamente nunca una palabra con el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre desde que abandonó el Ejecutivo regional en agosto. “La información que se me dio es que dimitía por asuntos graves de salud”.

“No tengo por qué cuestionar los sistemas de control del Gobierno regional”, opinó pero a renglón seguido, por eso del una de cal y una de arena, consideró que “hay que hacer un esfuerzo para mejorar” los mecanismos para vigilar la actuación de consejeros, directores generales y altos funcionarios.

De paso, Fernández tuvo bríos para reanudar la campaña electoral frente a su principal enemigo, el PP -con Cascos todavía está a verlas venir-. Y de esta forma replicó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: ”Dice que hay que eliminar los tribunales de cuentas autonómicos y yo defiendo lo contrario; hay que potenciarlos, profesionalizarlos, y acostumbrarnos a la crítica y a la trasparencia”.

El candidato socialista por último hizo un amago de evitar nuevas acusaciones que empeorasen y multiplicasen lo que ya es un escándalo a nivel regional.

Por ejemplo, las del concejal del PP de Gijón, Manuel Pecharromán, que acusa a la mujer del secretario general del PSOE local de trabajar para Almacenes Pumarín. “Hay muchos empleados en esas empresas y me parece peligroso conectar la militancia de alguno de ellos con estas actuaciones”, reclamó Fernández.

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