OTROS 150.000 EN PARO;

Y EL IVA SE DISPARA

Mariano Rajoy anuncia en el seno del Partido Popular que regresan los conocidos como viernes de dolores (nombre muy apropiado), es decir, que los próximos Consejos de Ministros incluirían nuevos ajustes, entre ellos la casi segura  subida del IVA. Y también la reforma de la Administración pública que podría aprobarse este mismo mes de julio, afinales. Supondría el despido de unos 150.000 empleados públicos, no funcionarios, y un ahorro que cifran en 80.000 millones de euros.

Aunque para alardear de ese ahorro no tienen en cuenta que por otro lado se incrementará en la misma o superior cuantía el gasto público, debido a que a los despedidos habría que pagarles las prestaciones de desempleo, como es lógico. Por no hablar de la reducción en el consumo que supondría tantas nuevas familias en la calle, y que haría contraerse aún más la ya exhausta economía española.

El Ejecutivo pretende lograr que el peso del sector público de todas las Administraciones equivalga a un máximo del 35 % del producto interior bruto, frente al 43,6 % que tiene ahora.

El machetazo supondrá el «despido de miles» de empleados públicos que podrá ejecutarse gracias a la reforma laboral aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso.

Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas públicas estatales, los interinos de las tres Administraciones y todo aquel trabajador público que no sea funcionario.

El Gobierno quiere podar todas las Administraciones porque considera sobredimensionada la actual plantilla laboral de las Administraciones públicas, que supera los 3,16 millones de trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las comunidades autónomas, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la Administración central, y a las empresas e instituciones públicas, más de 150.000.

Una medida que un dirigente del PP califica de “muy dolorosa”, pero imprescindible.

Lo que no ven imprescindible desde el gobierno, paradójicamente, es recortar en el gasto de la casta política y sus allegados. Ni un solo político ni sus equipos, que a veces llegan a ser de gran tamaño y colocados ‘a dedo’, está sufriendo las consecuencias de la crisis ni lo recortes. Esos sí que son intocables, y la auténtica clase privilegiada del país en estos tiempos de crisis.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió en febrero al resto de los departamentos un informe en el que se detallasen todos los organismos prescindibles o susceptibles de ser privatizados.

Una de las principales dificultades de este ajuste es que el Gobierno central solo puede acometerlo en las sociedades que estén bajo su control. El problema es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos aglutinan un total de 2.372 empresas públicas, de las 626 son fundaciones y 1.055 consorcios.

Rajoy ya ha advertido a los presidentes de comunidades gobernadas por el PP que deberán secundar este nuevo “sacrificio”. Sacrificio para los demás, porque para ellos…

El Consejo de Ministros solo podrá hacer recomendaciones, sin obligarlas, sobre la necesidad de aplicar este ajuste al País Vasco, Asturias y Andalucía, gobernadas por el PSOE; Cataluña, regida por CiU; Navarra, con Gobierno en minoría de Unión del Pueblo Navarro; y Canarias, bajo el control de los nacionalistas insulares.

EL IVA SE DISPARA

Los “esfuerzos adicionales”, o sease recortes bestiales, promovidos por Rajoy y el ministro De Guindos y compañía, incorporarán de seguro también el incremento del IVA, y ya este mismo verano, con la supresión de los tipos reducidos y superreducidos del 8 y 4 %, respectivamente, que pasarían al 18 %.

Con los bolsillos de los consumidores cada vez más vacíos (y más que van a estar), el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, por supuesto que respaldó desde Berlín el terreno de los nuevos recortes. Desde la capital alemana, adelantó que el Gobierno prepara un «paquete de restricciones presupuestarias muy severo».