Transcripción de las declaciones ofrecidas esta mañana por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno a preguntas de los periodistas

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Sobre la relación entre el procedimiento de la funcionaria y el ahora conocido

“Nosotros denunciamos lo que detectamos. Nosotros detectamos procedimientos irregulares por parte de una funcionaria, que se intuyen que podían ser constitutivos de delito y que ponemos en manos de la Fiscalía, que es nuestra obligación, es decir, a disposición de la Justicia. Y, desde el punto de vista administrativo, se cesa de su responsabilidad a la funcionaria y se la suspende de empleo y sueldo y de su condición de empleada pública.

Nosotros conocemos lo que detectamos en nuestra Consejería, la denuncia inmediata, la actuación contundente y poner en manos de la Justicia esa situación. Es decir, fue el Gobierno el que pone en marcha todo este procedimiento a través de la denuncia a la funcionaria. Pero a partir de ahí, de la misma manera que digo que hemos sido colaboradores muy activos con la Administración de Justicia en todo este tiempo, también somos muy respetuosos con las decisiones de la Administración de Justicia y saben ustedes que está decretado secreto de sumario y, por lo tanto, ser respetuosos con las decisiones de la Administración de Justicia es precisamente respetar ese secreto de sumario”.

Sobre el conocimiento de la evolución del caso por el hecho de estar personados

“Me pregunta cosas que debería preguntarle a la Administración de Justicia. Estamos personados pero hay secreto de sumario y usted sabrá que hasta que no se levante no podemos conocer ni el detalle ni los pormenores. Nosotros lo que sabemos son los hechos que se produjeron por parte de la funcionaria, que fueron puestos en conocimiento de la Justicia en ese mismo momento, el 19 de febrero, a través de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Y, a partir de ahí, se abre una amplia investigación, prolija y hoy aparece un avance en lo que son las actuaciones judiciales con respecto al caso de la funcionaria, que nosotros pusimos en manos de la Justicia”.

¿Se sienten defraudados por Riopedre?

“Nosotros no podemos hacer valoración alguna porque no conocemos el alcance de las cuestiones. El secreto de sumario hay que respetarlo y nosotros confiamos plenamente en el Estado de Derecho. Lo que quiere el Gobierno por encima de todo es que se esclarezcan los hechos y que el Estado de Derecho actúe. Y como confiamos
plenamente en él, lo que hacemos es dejar trabajar y colaborar en la medida de nuestras posibilidades con la investigación judicial”.

Sobre si es un hecho aislado o una trama más amplia con implicaciones políticas

“Lo que he dicho es que las actuaciones llevadas a cabo desde la Administración, una vez que detectamos las irregularidades administrativas, es que a partir de ahí la Administración de Justicia haga su trabajo. Nosotros hemos colaborado intensamente durante este tiempo, aportando documentación, testimonio y todo el apoyo para que la Justicia pudiera desarrollar su labor con eficacia y confiamos en esa eficacia. En un Estado de Derecho como el nuestro, que funciona y en el que confiamos, los inocentes podrán demostrarlo y los culpables tendrán que pagar por ello”.

Sobre si en estos meses de colaboración con la Justicia se detectaron irregularidades administrativas por parte de Riopedre o María Jesús Otero

“Nosotros hemos colaborado en todo lo que la Administración de Justicia nos ha requerido y eso forma parte también del secreto de sumario”.

Sobre la posición del Gobierno respecto a la detención de Riopedre

“No voy a hacer una valoración ni positiva ni negativa. Hay unos hechos y nosotros vamos a dejar que la Justicia actúe. E insisto, porque ese es nuestro principal objetivo: que la Justicia pueda trabajar con intensidad y nosotros colaborar en todo aquello que pueda facilitar esa labor. Las personas que son inocentes en un Estado de Derecho tienen la oportunidad de demostrar su inocencia y los que son culpables pagarán por las responsabilidades que tuviesen. Y no hay nada más, no hay más valoración”.

Sobre si el Gobierno sabía que cuando Riopedre dimitió estaba siendo investigado por la Justicia

“Rotundamente, no. El Consejero Riopedre, como creo que además es público y conocido, tiene una situación de salud muy delicada y en aquellos momentos ese fue el motivo de su marcha”.

Sobre si tiene una valoración del dinero que facturan las dos empresas que están siendo investigadas

“Lo desconozco. Son empresas asturianas que llevan muchos años implantadas en el mercado y que trabajan en muchos ámbitos, no sólo en el de las administraciones. Trabajan para la Administración del Principado, para empresas, para administraciones locales, pero no tengo el dato en este momento”.

Sobre si pondría la mano en el fuego por Iglesias Riopedre

“Esa pregunta no procede porque ya lo he dicho. Nosotros respetamos las actuaciones de la Administración de Justicia y confiamos en el Estado de Derecho, y a partir de ahí lo reitero: las personas que son inocentes tienen la oportunidad de demostrarlo y quienes son culpables tendrán que asumir su responsabilidad”.

Sobre si en los últimos once meses se han tomado medidas de algún tipo para que no se repitan situaciones similares

“Los procedimientos de esta Administración y los controles son los mismos y con el mismo rigor que en el resto de administraciones. Estamos ante un procedimiento judicial, fundamentalmente por la actuación diligente y contundente de nuestra Administración. El hecho de que haya delitos, ¿es que funciona mal la Policía? No, pero hay delincuentes”.

Sobre cómo arrancó esta investigación

“Nosotros sabemos las decisiones desde nuestra responsabilidad. En febrero de 2010 detectamos esas posibles irregularidades y el 19 de febrero se remite el expediente a la Fiscalía. Posteriormente, más o menos diez días más tarde. La Fiscalía nos notifica que toda la instrucción de este caso irá al Juzgado número 4 de Gijón, porque dicha funcionaria tenía otra denuncia allí presentada, por lo tanto nos enteramos posteriormente”.

Sobre si habrá algún tipo de exigencia de responsabilidad política a los responsables políticos encargados de supervisar a esa funcionaria

“Es que los responsables políticos encargados de supervisar a esa funcionaria han detectado lo que estaba haciendo. Así que han hecho su trabajo correctamente, porque lo han detectado y puesto en conocimiento de la Justicia, que es su obligación, su función y su deber. El comportamiento de los responsables por encima de la funcionaria ha sido intachable”.

Sobre la cuantificación del presunto fraude

“Eso forma parte del secreto de sumario y comprenderán que no puedo avanzar cuestiones sobre las que debo y quiero ser absolutamente respetuosa con las actuaciones judiciales”.

Sobre si se están revisando otro tipo de contrataciones

“El Principado, en sus procedimientos y sus controles, funciona con absoluto rigor y con un control exhaustivo de los procedimientos. No hay nada especial”.

¿Pero como se ha visto que en este caso los procedimientos de control fallaron…?

“Perdóneme que le contradiga pero no fallaron. Fue la Administración quien detectó la práctica irregular de esa funcionaria. Y se lo digo con toda la contundencia: no fallaron, funcionaron, en este caso, porque se detectó desde la propia administración responsable”

Sobre los reparos de los informes del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura sobre las contrataciones

“A veces se utilizan palabras que habría que medir por parte de todos. En ningún momento el informe del Tribunal de Cuentas de 2004 habla de irregularidades. Hizo una serie de recomendaciones a esta Administración, como suele ser habitual a todas las administraciones, sobre determinados procedimientos, que inmediatamente fueron incorporadas de forma natural y normal. Nada más, no saquemos las cosas de quicio”.

Sobre la publicación de estas recomendaciones en el BOPA del 18 de enero por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado

“Ese es un procedimiento habitual. El Tribunal de Cuentas remite al Parlamento sus conclusiones y a partir de ahí las hace suyas y las publica, pero es un procedimiento común a todas las administraciones”.
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PALABRAS DE LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO EN LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA ESTA MAÑANA

Hemos tenido conocimiento de un nuevo paso en el procedimiento judicial abierto contra la funcionaria Marta Renedo Avilés tras la denuncia que presentó el Gobierno de Asturias el pasado 19 de febrero de 2010.

La primera consideración que debemos hacer es constatar que el Gobierno de Asturias y la Admon. De Justicia colaboran eficazmente, cada una en su papel, para depurar las desviaciones que pueden producirse en una Administración como ésta que cuenta ya con más de 35.000 empleados públicos.

Quiero recordarles la actuación del Gobierno:

- El Gobierno de Asturias denunció este caso el momento en que lo detectamos. Se actuó con agilidad y contundencia.
- La funcionaria fue destituida de forma fulminante.
- Fue suspendida de empleo y sueldo, situación en la que se encuentra actualmente. A pesar de haber recurrido esta circunstancia, tenemos sentencia favorable a la suspensión de empleo y sueldo por la gravedad de los hechos.

Desde el día de nuestra denuncia, el 19 de febrero de 2010, no hemos dejado de colaborar activamente con la investigación judicial que lleva el caso, suministrando documentación, testimonios y todo el apoyo para facilitar la labor de la Justicia. Asimismo, todos los nuevos datos que se sigan recabando se pondrán a disposición de la Autoridad Judicial.

Además, les recuerdo que el Gobierno de Asturias está personado como acusación particular en este caso, en defensa de los intereses del Principado de Asturias, presuntamente dañados.

El Gobierno de Asturias seguirá en su misma actitud de apoyo a las actuaciones judiciales que se produzcan hasta el definitivo esclarecimiento del caso. Las personas que traicionan la confianza que las administraciones depositan en ellas deben afrontar las consecuencias y asumir las responsabilidades derivadas de sus actos.

Quiero finalizar resumiendo en tres hechos, que desde mi punto de vista me parecen fundamentales con respecto a la actuación del Gobierno asturiano:

1. La actuación inmediata y contundente del Gobierno en el caso de la funcionaria.
2. Colaboración activa con la Justicia y respeto absoluto a las decisiones judiciales. El Gobierno es el primer interesado en clarificar todo este asunto.
3. El Gobierno está personado como acusación particular en defensa de los intereses del Principado de Asturias.