CONSEJO DE MINISTROS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Administraciones Públicas

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012

• Se trata de los Presupuestos más exigentes para garantizar el cumplimiento del déficit en un momento de recesión.
• El profundo ajuste de las cuentas para 2012 permitirá alcanzar el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 5,3 por 100.
• El Estado hará el mayor esfuerzo de consolidación de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones de euros, entre control de gastos y aumento de ingresos.
• Las partidas de los Ministerios se reducen una media del 16,9 por 100 hasta los 65.803 millones de euros.
• Se incrementa el gasto en pensiones y se mantienen los sueldos de los funcionarios y las prestaciones por desempleo.
• El Gobierno aprueba medidas tributarias excepcionales para aumentar la recaudación.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, unas cuentas que realizan un importante esfuerzo en el control del gasto con el fin de reducir el déficit público y alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, pese a la realización de este esfuerzo para cumplir con el déficit, no se desatienden partidas prioritarias como el gasto en pensiones y se mantiene el salario de los funcionarios, al igual que sucede con las prestaciones por desempleo.

Junto a un conjunto de medidas de austeridad, los Presupuestos para 2012 incluyen decisiones extraordinarias de incremento de ingresos, lo que no hace otra cosa que confirmar el serio y firme compromiso de España ante una situación límite que se confía en superar para volver a la senda de la recuperación económica y recuperar así la confianza perdida.

El compromiso es recortar el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 5,3 por 100 del PIB, 3,2 puntos menos que el 8,5 por 100 en que cerró 2011. Al Estado le corresponderá un esfuerzo de 1,6 puntos hasta lograr un déficit del 3,5 por 100, a las Comunidades Autónomas, 1,4 puntos para lograr un saldo negativo del 1,5 por 100 mientras que a las Corporaciones Locales les corresponde un esfuerzo de 0,1 punto hasta lograr un déficit del 0,3 por 100 en este ejercicio. Por su parte, la Seguridad Social pasará de un déficit del 0,1 por 100 del PIB al equilibrio presupuestario.

En términos presupuestarios, el esfuerzo de consolidación fiscal que realizará el Estado es el mayor de la democracia, equivalente al 2,5 por 100 del PIB (27.300 millones de euros). De ellos, 0,8 puntos del PIB corresponden a incrementos de ingresos y 1,7 puntos, a ajustes de gastos, excluidas las partidas comprometidas.

Ajuste ministerial

Los Presupuestos del Estado de este año contemplan una reducción del conjunto del gasto de los Ministerios del 16,9 por 100, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores, hasta un total de 65.803 millones de euros. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación reduce su gasto el 54,4 por 100; el de Industria, Energía y Turismo baja su gasto el 31,9 por 100, mientras que el de Hacienda y Administraciones Públicas el 22,9 por 100. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contará con un 21,2 por 100 menos de recursos y el Ministerio de Fomento el 34,6 por 100.

Las inversiones reales caerán el 19,6 por 100 hasta un total de 4.679 millones de euros.

Se reducen en 594 millones de euros las transferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La contribución del Estado a la Ayuda Oficial al Desarrollo baja un 47,6 por 100, y se sitúa a niveles de 2005. Cae en 795 millones el Fondo del Agua. Se ajustan en 351 millones de euros las inversiones en Defensa, fundamentalmente en Programas Especiales de Defensa. Se reducen en 322 millones de euros las ayudas para el acceso a la vivienda. En cuanto a las partidas en infraestructuras, se llevará a cabo una reducción de 360 millones para autopistas de primera generación, al tiempo que caerán en 287 y 427 millones las aportaciones para ADIF y SEITTSA.

Otra partida que experimentará un ajuste será el de las transferencias a los sindicatos, que se reducirán en 6,2 millones de euros, al tiempo que se eliminarán 67 millones de la dotación al Fondo de Integración de Inmigrantes. Las Políticas Activas de Empleo se reducen en 1.557 millones de euros. La reducción de las transferencias de Educación, excluidas becas, alcanza los 530 millones de euros.

Ingresos

Los ingresos no financieros para 2012 después de la cesión a Entes Territoriales llegarán a los 119.233 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,5 por 100. Para conseguir esta evolución de los ingresos van a ser fundamentales las nuevas medidas fiscales del Gobierno que supondrán un incremento de 12.300 millones de euros, incluido el aumento del IRPF, aprobado el pasado 30 de diciembre.

Los ingresos tributarios antes de la cesión a Entes Territoriales alcanzarán los 168.726 millones de euros, un 2,3 por 100 más que en el Presupuesto de 2011. La recaudación por IRPF crecerá en 1,9 por 100 hasta 73.106 millones de euros, mientras que la generada por el Impuesto de Sociedades se incrementará el 22,2 por 100 hasta alcanzar los 19.564 millones de euros. Los ingresos por IVA se reducirán el 2,6 por 100 como consecuencia del bajo ritmo de la economía española hasta alcanzar los 47.691 millones de euros, mientras los ingresos por Impuestos Especiales caerán el 11,5 por 100 hasta los 18.426 millones de euros.

Medidas fiscales

Con el objetivo de que no se siga produciendo una caída del tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades, fundamentalmente el de las grandes empresas, y con el fin de ayudar a cumplir el compromiso de reducción del déficit, el Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto Ley con diversas medidas tributarias, especialmente en el ámbito empresarial, que serán recogidas también en los Presupuestos Generales del Estado para 2012:

• Diferimiento de beneficios fiscales. Se reduce del 5 por 100 al 1 por 100 el límite anual máximo deducible del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de comercio, tanto por adquisición de entidades, como por reestructuraciones empresariales. Se trata de fijar la misma limitación que determinó el Real Decreto de 2011 para el fondo de comercio financiero y hacerla extensiva a los demás fondos de comercio con efecto fiscal. Tendrá efectos para 2012 y 2013.
• Se elimina la libertad de amortización para grandes empresas, tal y como está regulada en la disposición adicional 11ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta permite tal libertad, incluso si no se mantiene o crea empleo, según el Real Decreto que entró en vigor en enero de 2011. Adicionalmente, se limitará la deducción por libertad de amortización correspondiente a las inversiones realizadas con anterioridad a la derogación del régimen. Con esta limitación, se trata de diferir el incentivo fiscal.

Para las pymes se mantendrá la libertad de amortización siempre y cuando vaya vinculada a la creación de empleo.

• Gastos financieros. En la actualidad se pueden deducir sin límites, un aspecto que contrasta con otras legislaciones nacionales, que han ido protegiendo sus bases imponibles en los últimos años. Con la nueva norma no serán deducibles en el año los gastos financieros que excedan del 30 por 100 del resultado (EBITDA) del ejercicio. En todo caso, será deducible un millón de euros. Los gastos que no fueran deducibles en el año sí lo serán en períodos futuros, con un máximo de dieciocho años. No serán deducibles los gastos financieros derivados de la compra de participaciones de entidades de un mismo grupo, salvo que la entidad justifique motivos económicos para la compra de estas participaciones. La medida tiene carácter indefinido.
• Pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Se fija un pago fraccionado mínimo para aquellas empresas cuyo resultado contable supera los veinte millones al año, como nueva obligación tributaria. Será del 8 por 100 del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias. Será del 4 por 100 si, al menos el 85 por 100 de sus ingresos corresponden a rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición. En el próximo pago fraccionado, a ingresar antes del 20 de abril de este año, se aplicará un tipo del 4 por 100 sobre resultado contable. La medida solo afecta a 2012 y 2013.
• Límite de deducciones. Se reduce el actual límite general desde el 35 por 100 al 25 por 100 y está incluida la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Se reduce del 60 por 100 al 50 por 100 para el caso en que la deducción por actividades de I+D supere el 10 por 100 de la cuota. Son reducciones temporales, que afectan sólo a 2012 y 2013.
• Exención parcial en la venta de participaciones. Con el fin de apoyar la internacionalización de la empresa española, se flexibiliza el régimen de exención en la venta de participaciones en entidades no residentes y se establece un criterio de proporcionalidad en función del tiempo en que se cumplen los requisitos.

MEDIDAS EXCEPCIONALES

El Gobierno introduce también, vía Real Decreto Ley, una serie de medidas de carácter excepcional para favorecer la atracción de rentas y contribuir también a la consolidación fiscal.

Así, se fija un gravamen específico del 8 por 100 para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Con este gravamen las entidades que no han podido beneficiarse de la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera por estar alguna de las sociedades en un país de reducida tributación estarán estimuladas para repatriar fondos a un coste reducido. Debe tratarse siempre de sociedades que estén dentro del grupo mercantil y perfectamente identificadas en la contabilidad de la sociedad.

Se implanta otro gravamen especial de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Hacienda endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, pero con anterioridad permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10 por 100 del importe de los bienes y derechos aflorados. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria. El plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.

OTRAS MEDIDAS

En el Impuesto sobre las Labores del Tabaco se reduce en dos puntos el tipo proporcional, que depende del precio de venta, y se incrementa a su vez el tipo específico vinculado con el número de unidades.

Por otro lado, y en materia de gestión del patrimonio, el Real Decreto Ley incluye a todas las sociedades públicas en el plan de ahorro, racionalidad y gestión de edificios administrativos. Se refuerzan, por tanto, los criterios de eficiencia en la gestión de tales edificios no solo en intensidad sino también en su extensión. Además, se simplificará su estructura eliminando órganos duplicados como era la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. Estos cambios se suman a la restructuración del sector público empresarial y fundacional ya anunciada, incluidas las retribuciones salariales en el sector público.

Con todas estas nuevas medidas se pretende corregir distorsiones en la progresividad fiscal del Impuesto de Sociedades, a la vez que lograr mayores ingresos en otros tributos y, con ello, contribuir a la consolidación fiscal comprometida con la Unión Europea.

(Presentación PGE 2012)

Industria, Energía y Turismo

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LIMITACIÓN DE LA SUBIDA DE LA LUZ AL 7 POR 100 EN ABRIL

• Resoluciones judiciales recientes obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros que, de cargarse únicamente en el consumidor, supondría subir la tarifa de la luz hasta un 37 por 100.
• El Gobierno ha optado por repartir este ajuste entre consumidores, empresas y Administración. Se aumentarán los ingresos del sistema en el entorno de 1.400 millones de euros mediante una subida de tarifas moderada y se reducirán los costes del sistema en unos 1.700 millones.
• El Gobierno también ajustará ingresos y gastos del sistema gasista para evitar el crecimiento de un déficit de tarifa en este sector. Para ello, subirá la tarifa doméstica del gas una media del 5 por 100 y recortará costes.
• Estas medidas son un primer paso en la reforma profunda en la que trabaja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que busca la sostenibilidad económica de nuestro sistema energético.

El Gobierno ha dado un primer paso en la resolución de los desequilibrios del sistema energético español con la aprobación de un paquete de medidas urgentes encaminadas a solventar el desajuste que existen entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista y repartir este desajuste entre consumidores, administraciones públicas y empresas.

Así, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reducirá los costes del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones de euros y, paralelamente, aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema en unos 1.400 millones. Para los consumidores domésticos supondrá un alza media del 7 por 100.

Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros. Este desajuste se produjo porque se adoptaron incrementos de tarifas insuficientes para cubrir todos los costes del sistema al tiempo que se encarecieron dichos costes.

El Gobierno ha decidido no cargar este desajuste exclusivamente en el consumidor, ya que supondría aplicar un aumento en la tarifa de hasta un 37 por 100.

Las medidas de ajuste aprobadas hoy buscan repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado, y se sitúan en línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas a recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista, de manera que se racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.

Subida de tarifas

La tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7 por 100. Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, PYMEs, y sectores industrial medio y gran industrial, supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.

Recorte de costes

La reducción de costes se reparte entre los diferentes agentes del sistema, afectando a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad. El monto total aproximado por la aplicación de estas medidas asciende a 1.700 millones de euros.

Distribución

Se reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por Gobierno. Se retribuyen, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente.

Pagos por capacidad

Son un pago regulado para retribuir a las instalaciones de generación sus servicios de capacidad de potencia a medio y largo plazo. Se incluyen dos tipos de servicio: el incentivo a inversión en capacidad a largo plazo y la disponibilidad de generación a medio plazo.

El Gobierno considera posible una reducción de esta retribución en el actual contexto de reducción de costes del sistema.

Financiación del Operador del Sistema Eléctrico

El Operador del Sistema se financiará con cargo a los agentes a los que presta sus servicios, de forma similar a como se financia el Operador del Mercado OMIE. La metodología será fijada por el Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste.

CNE e IDAE

Para la reducción de costes del sistema, se emplearán los remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

Interrumpibilidad

El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpibilidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución.

Restricciones por garantía de suministro

El Real Decreto Ley de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión de carbón nacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán las subvenciones para esta partida.

Transporte

La actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones, la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes se retrasará un año el reconocimiento retributivo de estas inversiones.

SECTOR DEL GAS

El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de medidas que equilibren el sector del gas y eviten que se cree un problema de desequilibrios como los registrados en el sector eléctrico.

Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los últimos ejercicios, el incremento de la tarifa de gas ha resultado insuficiente para satisfacer los costes. Al igual que en este sector, el Gobierno ha optado por repartir el desajuste existente aumentando los ingresos y reduciendo los costes.

Así, la Tarifa de Último Recurso el gas subirá una media del 5 por 100 en lugar del 13,3 por 100 que debería haber subido de no aplicar recorte de costes.

Entre las medidas cabe destacar la suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península, la suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos.

Además, se eliminarán los incentivos para contratar la capacidad de los gasoductos a corto plazo, se limita la posibilidad de interrumpibilidad a las zonas realmente congestionadas y se elimina la opción de retribución específica de la distribución.

TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVAS

El Real Decreto Ley también incorpora al ordenamiento jurídico español los contenidos de las Directivas europeas en materia de energía y telecomunicaciones con plazo de incorporación vencido.

Energía

En cuanto a la Directiva 2009/072/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, se incorporan al ordenamiento jurídico español, nuevos preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades. Refuerza el papel de las autoridades reguladoras nacionales, contemplando la creación de una única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.

Por otro lado, viene a reforzar las obligaciones de servicio público en el sector eléctrico, con referencia, entre otros, al acceso de los consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados los costes del servicio, así como a la información relativa a las vías de solución de conflictos. Se dispone, asimismo, que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energía eléctrica, y se hace referencia a la pobreza energética.

La transposición abarca también a la Directiva 2009/073/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro. Se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores e introduce la referencia al consumidor vulnerable.

En cuanto a la Directiva 2009/028/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Su transposición ya se había realizado, casi íntegramente, mediante la Ley de Economía Sostenible y otras disposiciones de rango reglamentario. Esta trasposición habilita a la Administración General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos de penetración de energías renovables contemplados en la Directiva.

Telecomunicaciones

Se transponen las Directivas 2009/136/CE, 2009/140/CE y 2002/20/CE relativas a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, su interconexión, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (el plazo de transposición venció el 25 de mayo de 2011).

Con la transposición de estas dos Directivas se finalizará la incorporación al ordenamiento jurídico español del nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas. Las modificaciones persiguen crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, se introducen importantes novedades en relación a los derechos de los operadores y en materia de protección de datos se apuesta de manera decidida por alcanzar mayores niveles de seguridad.