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Mapa mañá:Mapa tarde:Mapa noite:Comentario xeral para Galicia:Galicia quedará durante esta xornada na influencia das altas presións, aínda que a presenza dunha baixa localizada ao norte de Francia introducirá aire frío. Deste xeito o ceo estará en xeral pouco anubrado ou despexado, con algún intervalo de nubes baixas a primeiras horas no terzo norte; xa pola […]
Escuela Municipal de Música de Vegadeo - jornadas de puertas abiertas.
El jueves 24 de abril de 2013 comenzaba la primera de la tres jornadas en las que el centro
invita a los jóvenes Veigueños a conocer el funcionamiento, actividades
y peculiaridades de la escuela de música, todo ello acompañado de breves
charlas sobre instrumentos y un miniconcierto. las próximas jornadas
tendrán lugar los jueves 9 y 16 de mayo.
Punto de referencia para los internautas donde encontrarán más de 400 publicaciones nativas, divididas en diferentes categorías, y sus últimas noticias
Fomento ordena paralizar trabajos de demolición en la antigua mina de mercurio de La Soterraña, en Lena
La consejería abre expediente sancionador a las empresas Siderfluor S.A y Bluemont Trader S.L por carecer de permisos para manejar residuos peligrosos
La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha ordenado la paralización de trabajos de demolición en las instalaciones vinculadas a las antiguas minas de mercurio La Soterraña, en Muñón Cimero, concejo de Lena, al carecer de autorización para gestionar residuos peligrosos. Esta medida provisional se adopta en el marco del expediente sancionador que ha abierto Medio Ambiente a las empresas Siderfluor S.A y Bluemont Trader S.L como responsables de la actividad denunciada.
La providencia, dictada ayer por la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, supone que la empresa debe cesar la actividad con carácter inmediato hasta que disponga de los correspondientes permisos y autorizaciones. La empresa dispone de 10 días para alegar contra la medida provisional adoptada por la administración autonómica.
El expediente sancionador puede suponer una inhabilitación para actividad de uno a diez años y una multa de hasta 1.750.000 euros en caso de que la infracción se tipifique como grave. En caso de incumplimientos leves la multa asciende hasta los 9.000 euros.
La actividad ilegal fue denunciada por la Guardia Civil a través del SEPRONA de Lena y los hechos han sido ratificados a través de una inspección realizada el 12 de abril por parte de los técnicos del Servicio de Residuos de la Consejería.
Los hechos han sido puestos en conocimiento del Ayuntamiento de Lena por si la actividad en sí misma o el desmantelamiento pudieran carecer de las oportunas licencias municipales.
Las minas de La Soterraña
Las minas de La Soterraña comenzaron su actividad a mediados del siglo XIX, y estuvieron en explotación hasta los años 70.El mineral que se extraía, el cinabrio, está compuesto en torno a un 85% por mercurio. El mercurio se obtenía por tostación de dicho mineral.
Entre los restos de esta actividad minera se encuentra una escombrera, con residuos del tratamiento del mineral que presentan elevados niveles de contaminación por metales pesados. En la actualidad, la empresa Siderfluor, S.A. llevaba a cabo en este emplazamiento una actividad vinculada al almacenamiento y ensacado de minerales.
A Comisión Europea confirma ao BNG que o expediente á Deputación de Ourense débese a “sospeitas fundadas de fraude, corrupción ou ilegalidade”
Bruxelas, 23 abril 2012 .- O Comisario europeo de Fiscalidade, Auditoría e Loita contra a Fraude, Algirdas Semeta, ven de confirmar ao BNG en nome da Comisión Europea que o expediente de investigación aberto á Deputación de Ourense pola Oficina Europea de Loita contra o Fraude (OLAF) obedece a que existen “sospeitas suficientemente fundadas de que se teñen cometido actos de fraude, corrupción ou outros actos ilegais que afectan aos intereses financeiros da Unión Europea”.
Unha afirmación rotunda que a Comisión apoia citando o artigo 5 do Regulamento n°1073/1999 do Parlamento e do Consello Europeos Relativo ás Investigacións Efectuadas pola OLAF.
A Comisión Europea, na resposta a unha interpelación da eurodeputada nacionalista Ana Miranda, é clara na motivación da apertura do expediente de investigación pola xestión da Deputación de Ourense dos fondos estructurais, “que desminte a explicación dada desde a presidencia da propia entidade pública no sentido de que se trataba dunha visita rutinaria” por parte da Unión Europea, subliña.
O Executivo comunitario non aporta información adicional “dado que o caso está en curso”, polo que deixa abertas algunhas das interrogantes plantexadas pola interpelación parlamentar presentada polo BNG, ata que a OLAF presente as súas conclusións.
Neste sentido, Miranda ten solicitado á OLAF o expediente de investigación aberto contra a Deputación de Ourense por presunto fraude na utilización de fondos da Unión Europea, ademais, a deputada nacionalista rexistrou unha iniciativa parlamentar ante a Comisión Europea na que interpela ao Executivo Comunitario polas causas que motivaron a apertura dunha investigación á institución pública ourensana, e se esta investigación foi aberta de oficio ou se o inicio da mesma veu motivada por algunha denuncia previa.
Miranda tamén preguntaba á Comisión polo uso que a Deputación de Ourense ten levado a cabo dos fondos comunitarios en dous programas específicos. En concreto o denominado Plan Daredo 2002-2004, de implementación de sistemas de tratamento de augas residuais, e o Proxecto denominado Estacións vivas, espazos vivos, de remodelación de estacións ferroviarias.
La Policía Autonómica expedienta a siete locales en Arzúa y Valdeorras (Ourense) por infringir la Ley de prevención de alcohol en menores
El operativo se llevó a cabo en distintas ciudades gallegas durante el pasado fin de semana, entre los que estaban también A Coruña, Bueu y Cangas
Fueron inspeccionados cincuenta y cuatro locales
Santiago, 24 de diciembre de 2011.- Funcionarios pertenecientes a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma (UPA) de Galicia acaban de informar de la propuesta de sanción a siete locales de Arzúa y Valdeorras por infringir la Ley 11/2010, de prevención de bebidas alcohólicas en menores de edad, durante el pasado fin de semana.
Los días 16, 17 y 18 de diciembre, el grupo de menores de la Policía Autonómica estableció dispositivos en las poblaciones de A Coruña, Arzúa, O Barco de Valdeorras, Bueu y Cangas, en el que se inspeccionaron numerosos locales de movida nocturna, esencialmente bares, pubs, discotecas, para prevenir la venta y suministro de alcohol a menores.
En la ciudad de A Coruña, se inspeccionaron 4 locales y fueron identificados 6 menores; en Arzúa se inspeccionaron 10 establecimientos, donde se efectuaron 4 denuncias por infracción a la Ley 11/2010; en O Barco de Valdeorras, se inspeccionaron 9 establecimientos, siendo denunciados 3; en Bueu fueron inspeccionados 13 establecimientos, y en Cangas 18, sin que se observarán infracciones en ninguno de ellos.
Todas las denuncias efectuadas en los establecimientos fueron tramitadas ante la Consellería de Sanidad para continuar con el expediente sancionador.
Con el motivo de la entrada en vigor de la Ley 11/2010, de prevención de bebidas alcohólicas en menores de edad, la Policía Autonómica está llevando a cabo diversos dispositivos por toda la comunidad gallega para velar por el cumplimiento de la misma y prevenir el consumo de este tipo de bebidas por los menores de edad.
Por lo que es de destacar que desde la entrada en vigor de la Ley 11/2010, por parte de esta Unidad especializada de la Policía Autonómica, ya se tramitaron 320 denuncias, de las que 128 fueron a establecimientos, y 192 a menores.
La Policía Nacional y la Guardia Civil de Luarca llevan a cabo la detención de seis personas por infracción de la Ley de Extranjería.
Oviedo, 10 de noviembre del 2011
El día ocho de los corrientes se ha efectuado una operación de control de extranjeros en situación irregular residentes en la localidad de Vegadeo (Asturias), diseñada por el Grupo Operativo de esta Comisaría Local de Luarca y en la que ha participado personal Operativo de la Cuarta Compañía de Luarca perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo.
Una de las competencias asignadas a las Fuerzas y Cuerpos se Seguridad es el control de los flujos migratorios y de la inmigración ilegal, para ello, se ha definido un nuevo enfoque equilibrado en la gestión de la inmigración legal y de la inmigración clandestina, haciendo especial hincapié en el tráfico ilícito de inmigrantes, en el tráfico de trabajadores y en la trata de seres humanos.
Para hacer efectiva esta competencia se puso en marcha un dispositivo en que se procedió a la identificación de veintiséis ciudadanos de nacionalidad paraguaya, de los cuales seis se encontraban en situación irregular en España por carecer de cualquier tipo de documentación que les autorizase a permanecer en nuestro país.
Fueron detenidos con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración Social.
Los detenidos fueron trasladados en primera instancia y por razones operativas a las dependencias de la Guardia Civil de Vegadeo, y posteriormente a dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Luarca donde se procedió a la incoación del expediente sancionador. Tras finalizar todos los trámites fueron puestos en libertad.
FETE-UGT retira el recurso contra el decreto del plurilingüismo
Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2011.- La Consellería de Educación y Ordenación Universitaria viene de recibir la notificación del auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el que se acuerda aceptar el desistimiento y archivo del recurso contencioso administrativo presentado por el sindicato FETE- UGT contra el decreto 79/2010 por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria.
El sindicato aduce como justificación de su desistimiento que no encuentra fundamentos para continuar con la tramitación del recurso.
En concreto el representante legal del sindicato FETE- UGT manifiesta que “una vez revisado el contenido del expediente administrativo, esta parte considera que no es posible fundar el recurso en los motivos impugnatorios que en el principio entendían que era de aplicación”.
Para la Consellería la actitud del sindicato confirma el correcto proceder de la administración gallega cuando reguló el uso de las lenguas en el sistema educativo no universitario. En concreto el sindicato justifica con su decisión la ausencia desde su punto de vista de vicios en la tramitación del decreto.
La Policía Municipal de Madrid ha abierto expediente a un agente que apoyó públicamente al Movimiento 15-M en una asamblea en la Puerta del Sol, al que podría sancionar por falta grave con entre cinco días y tres meses de suspensión de empleo y sueldo.
J.R.S. intervino en una asamblea en Sol el 23 de julio, donde, entre otras cosas, invitando a sus compañeros en la Policía a dejar que los indignados vivieran su movimiento con su “locura pacífica y solidaria”, e incluso a “dejar colgado el uniforme algún tiempo y pensar no con la cabeza, sino con el corazón”.
“Sé que muchos compañeros de curro apoyan este movimiento”, dijo el policía indignado, que al principio de su discurso avisó de que hablaba sólo en su nombre. Habló durante seis minutos, y los indignados cantaron ”policía, únete”, a lo que el agente respondió pidiéndoles: “No gritéis mucho que lo mismo me la juego, compañeros”.
Las primeras reacciones tras la apertura del expediente no se han hecho esperar. El sindicato CC. OO. ha calificado de ”intolerable” que los máximos responsables de la Policía Municipal “persigan y castiguen disciplinariamente por abuso de atribuciones a un funcionario que hace manifestaciones libres, veraces y respetuosas fuera de su jornada de trabajo”.
Medio Rural aplica la ley en la defensa de la riqueza de la pesca fluvial de Galicia en el caso de la mortalidad de pescados en el Ulla
Según la normativa en vigor, siempre que tiene conocimiento de un caso de este tipo, la Consellería está obligada por la Ley 7/1992, del 24 de julio, de la Pesca Fluvial de Galicia, a abrir el correspondiente expediente
Según las primeras estimaciones provisionales, la muerte de los pescados pudo deberse la un fallo en la depuradora de aguas residuales de este municipio
Por lo de ahora se han recogido 1.350 ejemplares de trucha en un tramo de 1,5 kilómetros de este río a su paso por el ayuntamiento lugués de Monterroso
Santiago, 24 de agosto 2011.- La Consellería de Medio Rural, como departamento competente en materia de conservación de la naturaleza, aplica la Ley /1992, del 24 de julio, de la Pesca Fluvial de Galicia, en la defensa y fomento de la riqueza piscícola delante de la mortalidad de pescados en el río Ulla a su paso por el ayuntamiento lugués de Monterroso que, según las primeras estimaciones provisionales, pudo deberse a un fallo en las instalaciones de la Depuradora de Aguas Residuales del citado municipio.
Tal y como establece la mencionada ley, en su título cuarto (artículo 28), de “control y policía de aguas continentales”, corresponde a los agentes facultativos medio ambientales de Conservación de la Naturaleza velar por el “cumplimiento de los preceptos establecidos en esta ley y denunciar las infracciones que contra a misma se produzcan, teniendo, la tales efectos, la consideración de agentes de la autoridad”.
También de acuerdo con la normativa vigente, el expediente abierto por estos agentes seguirá el procedimiento legal habitual. Será el Servicio Jurídico Administrativo del departamento territorial de Lugo de la Consellería de Medio Rural lo que se encargue de gestionar el expediente y de determinar que vía jurídica se sigue, tras demandar a las partes implicadas la información que estime oportuna para la resolución del dicho procedimiento.
Si así se considera el instructor, el caso podría pasar a la Fiscalía por un presunto delito ecológico, pero hace falta destacar que el hecho de abrir el correspondiente expediente por parte de Medio Rural no presupone que el procedimiento derive, necesariamente, en sanción o que pase a la Fiscalía. Esto será algo que determine la marcha del propio proceso.
Procedimiento legal previsto
Sobre este tema, el consejero Samuel Juárez, respondiendo a preguntas de los medios de comunicación, remarcó hoy en el Courel, que es deber y competencia de Medio Rural vigilar la conservación de la fauna y flora de los ríos. Subrayó que “la apertura del expediente es un procedimiento legal previsto para investigar y depurar responsabilidades sobre el daño causado en un entorno natural, que se tiene que desarrollar y sacar conclusiones”. “Lo que no se hace desde la Consellería de Medio Rural es prejuzgar lo que se deriva del expediente”, aseguró.
Asimismo, Juárez señaló que le sorprende que “se le eche la culpa a la Xunta, cuando la instalación es de titularidad municipal”. Apostilló que “cuando un político es responsable de algo tiene que asumir esa responsabilidad, al tiempo que explicó que el hecho de que un responsable político pida ayuda o colaboración la otra administración para resolver un problema no le exime de su responsabilidad”.
Pescados muertos
La aparición de pescados muertos en un tramo del río Ulla a su paso por el ayuntamiento lugués de Monterroso pudo deberse, según las primeras estimaciones provisionales, a un posible fallo en la depuradora que habría causado una obstrucción en los conductos de las aguas residuales, razón por la cual las aguas sin tratamiento fueron a parar al río. Hasta ahora se han recogido unos 1.300 ejemplares de trucha, incluyendo las recogidas esta mañana.
Pendientes aún de confirmación definitiva, se estima que la falta de oxígeno en el agua, producida por la contaminación orgánica, puede ser una de las principales causas de estas muertes, consecuencia de ese posible fallo en la estación depuradora. Al tiempo, no se descarta que las abundantes lluvias incidieran también en la calidad del agua, al verse la EDAR sobresaturada por la excesiva cantidad de caudal que fue a parar a sus instalaciones.
Los técnicos de Medio Rural trabajaron, desde el pasado lunes, en las tareas de retirada de los pescados muertos en las cercanías del tramo de 1,5 kilómetros del río Ulla afectado. Los ejemplares recogidos se trasladan al Centro del Veral, donde se están a estudiar, a través de necropsia y análisis toxicológicos, diferentes muestras de los mismos, para determinar las causas de la mortalidad. Algunos de los pescados que ya están en el centro fueron congelados para su posterior análisis, antes de la eliminación de los restos por parte de un gestor de residuos autorizado.
Medio Rural abre un expediente a la empresa concesionaria de la depuradora del ayuntamiento de Monterroso (Lugo)
Por ahora se recogieron unos 1.300 ejemplares de trucha
Se estudiarán las muestras de los pesces para obtener las razones definitivas de la muerte de las truchas
Santiago, 23 de agosto 2011.- A Consellería de Medio Rural informa de la apertura de un expediente a la empresa concesionaria de la gestión de la Depuradora de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Monterroso, en la provincia de Lugo, por la aparición de peces muertos en un tramo del río Ulla.
Según las primeras estimaciones provisionales, un posible fallo en las instalaciones de la depuradora pudo causar una obstrucción en los conductos de las aguas residuales, razón por la cual las aguas sin tratamiento fueron a parar al río, por lo de ahora se recogieron unos 1.300 ejemplares de trucha.
La falta de una confirmación definitiva, se estima que la falta de oxígeno en el agua, producida por la contaminación orgánica, puede ser una de las principales causas de estas muertes, consecuencia de un posible fallo en la estación depuradora. Al mismo tiempo, no se descarta que las treboadas incidieran también en la calidad del agua, al verse la EDAR sobresaturada por la excesiva cantidad de agua que fue a parar a sus instalaciones.
La denuncia abierta por los agentes facultativos medio ambientales de Conservación de la Naturaleza seguirá ahora el procedimiento legal habitual, siendo el Servicio Jurídico Administrativo del departamento territorial de Lugo de la Consellería de Medio Rural lo que se encargue de gestionar el expediente y determinar que vía jurídica se sigue. En caso de que así se considere, el caso podría ir a parar a la Fiscalía por un delito ecológico.
Retirada de peces
Los técnicos de la Consellería de Medio Rural trabajan ahora y desde ayer en las cercanías del tramo de 1,5 kilómetros del río Ulla afectado en las tareas de retirada de los peces muertos.
El ejemplares recogidos en el río se trasladan al Centro del Veral, donde se estudiarán, a través de necropsia y análisis toxicológicos, muestras de los pescados para determinar las causas de las muertes. Algunos de los ejemplares que ya están ahora en el centro fueron congelados para su posterior análisis, antes de la eliminación de los restos por parte de un gestor de residuos autorizado.
UN NUEVO CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN SALPICA ESTA VEZ A LA ADMINISTRACIÓN GALLEGA GOBERNADA POR EL PP, TRAS EL CASO RIOPEDRE DE LOS SOCIALISTAS EN ASTURIAS.
Resaltamos como ’curiosa’ la coincidencia de que a nueve meses de las elecciones generales las detenciones y casos de presunta corrupción se extiendan de una comunidad a otra, ambas gobernadas por los dos principales partidos de la política española, PSOE y PP. Tanto más ‘curiosa’ resulta la coincidencia de que este caso se destape justo después de una resonante victoria popular en las elecciones locales el 22M en Galicia, lo que algunos han calificado como ‘efecto Feijóo’.
Detenidos el director y un subdirector del Igape en Santiago
La Guardia Civil registró la sede del Instituto Galego de Promoción Económica y se incautó de documentación.
La titular del Juzgado número 3 de Lugo investiga un posible caso de evasión de impuestos y fraude en subvenciones.
En el marco de la operación también han sido detenidas, al menos, otras nueve personas.
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) han detenido en la mañana del martes 24 de mayo en Santiago al director general del Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, y al subdirector de Informaciones Especiales de este organismo, Carlos Silva Liste.
Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación dirigida por la jueza titular del Juzgado número 3 de Lugo, y que podría estar relacionada con un delito de supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones.
La Guardia Civil se personó en la sede del Igape para solicitar información sobre una veintena de empresas, de las que tan solo había expediente de tres de ellas. Los agentes se incautaron de diversa documentación en soporte informático sobre dichas firmas.
La Consellería de Economía e Industria ha difundido en la tarde del mismo día un comunicado en el que defiende la presunción de inocencia del director y el subdirector del Igape.
La jueza ha ordenado esta mañana el registro de la empresa farmacéutica Nupel y de Proitec, dedicada a la ingeniería, en el polígono industrial de O Ceao, en las afueras de Lugo, donde también se han practicado otras detenciones.
En el marco de la misma operación también se han realizado registros en la localidad lucense de Outeiro de Rei y en la propia ciudad de Lugo, donde los agentes de Vigilancia Aduanera se han incautado de distinta documentación.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Al parecer, en los calabozos de la Comisaría Provincial de Lugo hay al menos siete detenidos y en la Comandancia de la Guardia Civil otros dos, entre los que se encontraría una mujer arrestada por un supuesto delito fiscal.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras abre un expediente sancionador en relación con el vertido producido en el río Nora
Las consecuencias del vertido han afectado a 4.900 metros de río y a unos 1.000 ejemplares de trucha
Se recogieron muestras de la salida del canal subterráneo por el que parecía haber fluido la materia contaminante, así como de diversas instalaciones en la depuradora de la fábrica de CAPSA a la que está unido el canal.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras ya ha abierto un expediente sancionador por el vertido que tuvo lugar en el río Nora el pasado 30 de abril y que ha afectado a unos 4.900 metros de río, con una pérdida estimada de 1.000 ejemplares de trucha.
El expediente se tramita amparado en las disposiciones de la Ley 6/2000 de Pesca, que prevé depurar las responsabilidades en las que se incurre cuando se daña la riqueza que suponen los cauces fluviales.
La Consejería tuvo conocimiento del vertido tras un aviso. Inmediatamente se personaron en el río Nora, personal de las guarderías de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje y de la Dirección General de Aguas y Calidad Ambiental, respectivamente, junto con el servicio de vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del SEPRONA de la Guardia Civil.
Se realizaron varias inspecciones a lo largo de dos jornadas en las que se comprobó el tipo de sustancia vertida, de aspecto lechoso y elevada viscosidad, y las afecciones al cauce fluvial. El personal de guardería realizó, además, una recogida de muestras tanto del agua del río en las zonas anterior y posterior al lugar de aparente vertido, como de las truchas muertas, pasa su posterior remisión al laboratorio. También se recogieron muestras de la salida del canal subterráneo por el que parecía haber fluido la materia contaminante, así como de diversas instalaciones en la depuradora de la fábrica de CAPSA a la que está unido el canal.
La Xunta incoa el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, del Castro de Baroña
La Consellería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural, acaba de aprobar la resolución de incoación del expediente para la declaración BIC del Castro Baroña, en Porto do Son. Será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado
El conselleiro de Cultura y Turismo asegura que la incoación del expediente es “un paso decisivo, ya que desde su publicación oficial va a garantizar la máxima protección para el Castro de Baroña, uno de los yacimientos de la cultura castreña mejor conservados de Galicia”.
“Somos conscientes de la importancia patrimonial del Castro de Baroña y trabajamos en consecuencia, en la búsqueda de la mejor protección y conservación”, afirma el conselleiro. Roberto Varela recuerda que la Xunta de Galicia intervendrá en las seis zonas de impacto crítico, identificadas dentro del yacimiento en el ‘Levantamiento topográfico, documentación y estado actual del Castro de Baroña’, promovido por la Consellería de Cultura y Turismo en 2010 después de 14 años sin actuaciones arqueológicas en ese ámbito
Santiago, 24 de abril de 2011.- La Consellería de Cultura y Turismo acaba de aprobar, a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural, la resolución por la que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, en favor del Castro de Baroña, en el término municipal de Porto do Son, en la provincia de A Coruña. La resolución, que será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado, será comunicada al Registro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva, así como al Ayuntamiento de Porto do Son.
La resolución determina la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto para los bienes ya declarados en la Ley 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia y, en concreto, la suspensión de las corresponsales licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas por la declaración, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, tuvieran que realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, de autorización de los organismos competentes de la Consellería de Cultura y Turismo. Según el conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto Varela, la incoación del expediente supone “un paso decisivo, ya que desde su publicación oficial va a garantizar la máxima protección para el Castro de Baroña, uno de los vestigios de la cultura castreña mejor conservados de Galicia”. La previsión de la Dirección General del Patrimonio Cultural es que la declaración BIC sea efectiva antes de que finalice el presente año.
“Somos conscientes de la importancia patrimonial del Castro de Baroña y trabajamos en consecuencia, en la búsqueda de la mejor protección y conservación”, afirma el conselleiro. En este sentido, Roberto Varela recuerda que la Xunta de Galicia va a intervenir en 2011 en las seis zonas puntuales de ‘impacto crítico’ identificadas dentro yacimiento en el ‘Levantamiento topográfico, documentación y estado actual del Castro de Baroña’, promovido por la Consellería de Cultura y Turismo en 2010 después de 14 años sin actuaciones arqueológicas en ese ámbito. Se trata de actuaciones en estructuras que no fueron objeto de consolidación en las campañas realizadas en el castro en los años 80 y 90 y en la zona de entrada, sometido a un mayor tránsito de personas.
Tras la publicación de la resolución, se abrirá un período de información pública por el plazo de un mes, a fin de que cuantos tengan interés puedan examinar el expediente y alegar lo que estimen conveniente. La Dirección General del Patrimonio Cultural solicitó ya su informe valorativo sobre el expediente de la declaración BIC del Castro de Baroña a la Rel Academia Gallega, el Consello da Cultura Gallega y la Universidad de Santiago de Compostela, que se pronunciarán en calidad de órganos consultivos en el plazo máximo de tres meses. Del mismo modo, la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico Gallego de A Coruña emitirá su informe como órgano asesor. Según se especifica en la resolución de la Dirección General del Patrimonio Cultural, la delimitación de la zona afectada por la declaración es la siguiente:
El área del Monumento comprende el recinto castreño y todas sus estructuras de delimitación que aíslan el poblado del resto de la península. Integra además un área en torno a su perímetro que puede albergar áreas de actividad relacionadas con el poblamiento, especialmente. La delimitación del monumento comprende una parcela de titularidad pública que ocupa la mayor parte de la superficie, mientras que en el sector Este alberga cinco parcelas de titularidad privada. La delimitación queda perfectamente definida en todo su perímetro por la línea de la costa mientras que, en el lado Este, se adapta el área de influencia del castro trazándose por la orilla exterior de las estructuras de delimitación siguiendo el colindante de las parcelas.
En lo que respeta al área del Contorno de Protección del Monumento, sus límites comprenden un área de 40 hectáreas, en general la superficie se encuentra dividida en pequeñas parcelas excepto la franja de las playas y cantiles del litoral. El espacio queda enmarcado por el Oeste de modo claro por el límite que impone el litoral. El resto de la delimitación queda determinada por criterios de visibilidad, ciñiéndonos a los contornos de las fincas y el trazado de las carreteras, caminos o pistas. Así al Norte tenemos que el área de contorno queda limitada por los caminos del Agro da Cova y por el Corredor del Agro da Cova fundamentalmente, por el lado Este queda perfectamente definida por la carretera N-550, Noia-Ribeira, y polo sur del mismo modo por el camino de Fontemariña.
- Descripción de la delimitación del monumento:
Comenzando por el norte justo en el litoral y siguiendo hacia dirección de las agujas del reloj a delimitación parte del P1.
P 1.- (497.578 – 4.727.255) desde el litoral, se coge en dirección Este cruzando la parcela de costa 9200, y continuando por el colindante que separa la parcela 95 del polígono 12, de la finca 12:93 al Sur hasta llegar al vértice Noreste de la parcela 12:93, donde encuentra el P2.
P 2.- (497.649 – 4.727.269), desde aquí se sigue en dirección Sureste atravesando las parcelas 92, 86 y 85 hasta llegar el vértice Noreste de la parcela 84, donde se encuentra el P3.
P 3.- (497.753 – 4.727.087), desde aquí se sigue hacia el Sur por el colindante que deja la parcela 84 al Oeste y la finca 81 el Este, hasta llegar el vértice Oeste de la parcela 105, donde se encuentra el P4.
P4.- (497.751 – 4.727.001), se continúa en dirección Suroeste atravesando la parcela 9200 hasta llegar el litoral donde se encuentra el P5.
P5.- (497.718 – 4.726.988), Desde aquí se coge hacia el Norte por el litoral bordeando el castro hasta llegar el P1.
- Descripción de la delimitación del contorno de protección del monumento:
Comenzando por el norte justo en el litoral y siguiendo hacia dirección de las agujas del reloj la delimitación parte del P1.
P1.- (497.718 – 4.727.476), se encuentra justo en el litoral, desde aquí se coge en dirección Sureste hasta llegar el final del camino del Agro da Cova justo en el vértice NO de la parcela 1057, donde se encuentra el punto 2.
P2.- (497.755 – 4.727.474). Desde aquí se coge en dirección Este por el camino adoquinado de Agro da Cova en dirección a la carretera N-550, que va de Noia a Ribeira, hasta llegar la intersección de este camino con el vértice SO de la parcela 1266 del polígono 11 donde se encuentra el P3.
P3.- (498.045 – 4.727.489), desde aquí se continúa por un camino actual que sale cara el Sur hasta llegar la intersección de este camino con la esquina NO de la parcela 1144, del polígono 11, donde se encuentra el P4.
P4.- (498.062 – 4.727.405). Desde aquí se toma el camino que sale en dirección Este hasta llegar la carretera N-550 Noia- Ribeira donde se encuentra el P5.
P5.- (498.152 – 4.727.385). Se coge por la carretera en dirección a Ribeira hasta llegar la confluencia de esta carretera con el camino de Fonte Mariña, donde se encuentra el P6.
P6.- (498.257 – 4.726.626). Continúa por el Camino de Fonte Mariña hacia el Sur hasta llegar a la primera intersección, donde el camino gira hacia el Oeste, justo en el Punto 7.
P7.- (498.253 – 4.726.490), desde aquí se sigue por el camino de Fonte Mariña, hacia el Oeste, hacia el mar, para luego girar hacia el Sur hasta llegar la intersección de este camino con otro abandonado que sale hacia el Sureste justo en la intersección entre este camino y el colindante Norte de la parcela 246, del polígono 12, donde se encuentra el P8.
P8.- (497.890 – 4.726.452). En este lugar se coge por el camino que va hacia el litoral haciendo límite con la finca 246 para llegar el P9.
P9.- (497.839 – 4.726.405). Desde aquí continuamos en línea recta en dirección Oeste, hacia el litoral, hasta llegar el P10.
P10.- (497.735 – 4.726.417). Partiendo de este punto se coge al norte bordeando el litoral hasta llegar el P1.
Importancia patrimonial
El Castro de Baroña es uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Galicia, y su imagen se convirtió en un icono del paisaje representativo de la costa y del patrimonio gallego. Este yacimiento es uno de los más visitados de la comunidad y representa uno de los mejores ejemplos de castro de los llamados costeros. La localización del castro sobre una punta que se adentra en el mar condiciona unas buenas defensas naturales y también su asociación con unas formas de vida ligadas al mar y a los recursos marítimos. El yacimiento, se configura aprovechando la morfología rocosa y abrupta de la península sobre la que se asienta.
Su condición de castro marítimo asentado en una península que la ocupa en su totalidad, hace que la planta no se corresponda a las habituales formas circulares u oblongas de los castros, teniendo que adaptarse a la morfología del terreno, estructurándose en cuatro áreas en parte exigidas por tres grandes urnas que la erosión del mar va agrandando. El yacimiento ocupa una totalidad de una península de 22.622 m2, cuyo eje máximo del recinto es de 235 metros.
El castro de Baroña se entiende como una unidad singular de relevante interés histórico y arqueológico, incluyendo aquellos elementos y estructuras que expresamente se señalan como parte integrante del poblado castreño. Básicamente, los tres recintos en plataforma cuya disposición viene marcada por las tres grandes urnas que inciden sobre esta punta costera, -con sus estructuras interiores de vivienda y complementarias exhumadas-, las dos líneas de murallas que delimitan estos recintos, y el espacio de antecastro delimitado por una muralla y un hoyo exteriores situados en la zona del istmo.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha comprometido con trabajadores de Alas Aluminium a buscar opciones “públicas y privadas” para evitar el cierre definitivo de la empresa, la cual se encuentra en concurso de acreedores con un pasivo de alrededor de 60 millones de euros.
El ministro aseguró a un grupo de trabajadores que se concentraron durante en Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón que hablaría de esta cuestión con el consejero de Industria Graciano Torre.
Un portavoz del Comité de Empresa le ha explicado al ministro que Alas Aluminium es una empresa participada por capital público en un 49 por ciento, con intervención de la Sociedad Regional de Promoción y que la plantilla de unos 350 empleados esta bajo el tercer expediente de regulación de empleo, mientras se resuelve el concurso de acreedores.
La Consellería de Educación considera nula la sanción a la niña de Arteixo al no poder aportar el centro el expediente disciplinario
La Xunta resuelve no tramitar el traslado de la estudiante, acordado en el consejo escolar del centro, ya que el colegio no hizo la tramitación adecuada a legalidad y el proceso queda invalidado
Santiago, 10 de marzo 2011.- En el caso de la estudiante del CEIP de Arteixo la Xunta resuelve no tramitar el traslado de la estudiante al faltar el expediente disciplinario preciso para tal acción, por lo que el centro no cumple con la legalidad necesaria, lo que invalida el proceso.
El proceso de sanción
Hace falta recordar que el Consejo Escolar del centro en acta de la sesión, del día 28 de febrero de este año, sancionó a la alumna por una falta muy grave, al contravenir reiteradamente el reglamento de régimen interno, con el traslado del centro.
El día 3 de marzo a inspección educativa de la jefatura territorial solicitó el expediente disciplinario incoado a la alumna. La petición fue respondida verbalmente por el director del CEIP alegando que no existía el expediente.
Delante de estas circunstancias a Consellería informa que la inexistencia de dicho expediente disciplinario provoca la nulidad de la sanción impuesta por el Consejo Escolar. Sin entrar en el fondo del asunto, se ponen de manifiesto defectos de forma que hacen imposible el cumplimiento de dicha sanción y, por lo tanto, la estudiante debe permanecer escolarizada hasta que, si procede, se imponga una sanción conforme a derecho, se solicite el traslado por parte de los padres o se modifique el reglamento de régimen interno del CEIP de Arteixo.
Corresponde al director, segundo indica la Ley Orgánica de Educación (LOE), tomar la opción que proceda para velar por el cumplimiento de las normas del centro. La Consellería recuerda que se de la este caso porque el centro no cumplió con los pasos legales precisos para la realización del expediente disciplinarios.
Máximo respeto
Con respeto al fondo del asunto, la Consellería reitera los pronunciamentos efectuados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, máximo órgano de protección tanto del derecho a la libertad religiosa cómo de la escolarización a nivel europeo, que por unanimidad en el año 2008 manifestó que las medidas disciplinarias están justificadas de acuerdo con el principio de proporcionalidad, cuando corrigen normas generales del centro por lo que no se produce violación de la libertad religiosa ni tampoco del derecho a la educación garantizado por el artículo 9.2 de la Declaración europea de Derechos Humanos.
El representante legal de la familia de la niña de Arteixo que fue sancionada por llevar el velo islámico en clase estudia emprender acciones penales contra el director del CEIP de Arteixo, José Luis Fernández Pardo, por sus declaraciones en las que equiparaba el hiyab con un disfraz.
También presentarían acciones penales contra la Xunta en caso de que la resolución final que adopte la inspección educativa sea el traslado de la niña a otro centro.
El abogado de la familia remitió por correo administrativo a la Xunta un informe jurídico en el que recuerda cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en la polémica sobre el uso del velo y en el que advierte sobre irregularidades del proceso que siguió a la decisión del consejo del colegio de trasladar a la niña. Desde la Consellería de Educación aclararon ayer que el expediente está abierto y que los técnicos de la inspección educativa están elaborando el informe que detallará la resolución y postura final de la Administración autonómica al respecto.
La empresa Povisa ha anunciado a los trabajadores que este mes no les va a pagar, basándose en que el Sergas aún no le ha abonado los fondos correspondientes a la liquidación del 2010 y al mes de enero.
Así lo estipulaba la prórroga del concierto entre ambas entidades, que aún no han llegado a un acuerdo para renovar su concierto.
La dirección del hospital de Vigo ha comunicado a sus empleados que no puede hacer frente al pago de las nóminas porque el Sergas les debe una cifra que se eleva hasta los 12 millones de euros y que en tres días podría aumentar hasta los 17 millones. De ellos, más de la mitad se corresponden a la liquidación del 2010, y los otros cinco a los fondos que la Xunta debe abonar a Povisa durante los meses que dure la prórroga de su concierto.
Desde la Xunta aseguran que se están cumpliendo los pagos con Povisa y reconocen que no se han abonado los pagos porque el hospital no ha justificado los pagos dentro del plazo establecido.
El pago de las nóminas se podría demorar por un tiempo indefinido porque, según las fuentes del centro médico vigués, la solución está en manos del Sergas, al que la dirección de Povisa ha remitido sendos escritos el 1 y el 15 de febrero para pedirle que, “al menos”, emita certificaciones de pago, “pero no ha habido respuesta”.
Los trabajadores tienen previsto realizar una concentración el martes 1 de marzo delante del hospital sobre las 15.00 horas y los sindicatos ya barajan movilizaciones.
Además, está previsto que el comité de empresa mantenga sobre las 13.00 horas una reunión con la delegada de la Xunta en Vigo, Lucía Molares.
En el origen del conflicto entre Povisa y el Sergas en la negociación del nuevo concierto ha estado siempre el nuevo hospital y qué pasará entonces con el hospital privado de Povisa.
La Xunta decidió a mediados de noviembre, tras semanas de negociación, prorrogar automáticamente el concierto que desde 2000 mantiene con Povisa. Con ello trataba de evitar el que que sus propietarios presentasen un expediente de regulación de empleo que, en principio, iba a afectar a unos 800 trabajadores, más los 400 que dependen directamente del concierto con el Sergas.
La Consejería de Bienestar Social del gobierno del Principado pedirá al Ministerio de Fomento que abra un expediente informativo a Renfe por el trato dado a un grupo de discapacitados que hace unos días se vieron atrapados en un tren sin sus monitores.
El motivo es que nueve personas con discapacidad, usuarias del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco quedaron atrapadas hace unos días, sin sus monitores, en un tren de cercanías que cubría el trayecto Lugones-Oviedo. El suceso ocurrió cuando bajaron a ayudar a una compañera a subir al tren que no era accesible para personas con discapacidad.
Pese a activar la alarma del tren, tanto desde el exterior, como por parte de los usuarios que quedaron atrapados en el interior, el maquinista hizo caso omiso a estas señales y partió en dirección a Oviedo.
Las personas con discapacidad tuvieron que ser atendidas por los propios viajeros y no fue hasta su llegada a la estación de Oviedo cuando recibieron atención por parte del personal de Renfe, hasta que llegó personal del centro del que son usuarios.
Además, la Agencia Asturiana para la Discapacidad en las últimas semanas ha recibido cuatro denuncias de usuarios del servicio de cercanías de Renfe.
En ellas advertían, por ejemplo, de que en algunas estaciones los ascensores no funcionaban, con lo que se impedía a una persona en silla de ruedas acceder por sí misma al andén o que había tornos que limitaban el acceso de las personas con movilidad reducida.
La Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa Alas Aluminium, que afectará a toda la plantilla.
El ERE aprobado tiene una duración de cuatro meses y será prorrogable mes a mes. Afectará a unas 270 personas.
La plantilla ha protagonizado protestas en contra del citado ERE durante estos últimos días. Unas dos mil personas se manifestaron este fin de semana en Langreo, convocadas por el comité de empresa, para exigir que se mantenga la plantilla de la empresa sin reducciones.
Estas son algunas de las incidencias ocurridas en Galicia en las últimas 48 horas:
Detenidos tres jóvenes que se fugaron tras un atropello en A Coruña
Tres jóvenes han sido detenidos en A Coruña acusados de haber atropellado a una persona y haberse dado a la fuga.
Roban 27.000 euros en tabaco y 4.900 en efectivo de un estanco de Valdeorras
La propietaria de un estanco ubicado en el municipio ourensano del Barco de Valdeorras ha denunciado hoy el robo de 27.000 euros en tabaco y de 4.900 euros en efectivo del interior de su establecimiento.
Según indicaron fuentes de la Guardia Civil, durante la pasada noche unos desconocidos, tras forzar la cerradura de la puerta de entrada, accedieron al interior del establecimiento y se apoderaron del tabaco y el dinero en efectivo.
La policía autonómica expedienta a dos locales por vender alcohol a menores en Santiago
Agentes de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma (UPA) de Galicia han sancionado a dos establecimientos de hostelería de Santiago de Compostela por vender alcohol a menores durante el pasado fin de semana.
Se cae desde un séptimo piso en A Coruña y resulta sólo herido leve
Un hombre que se precipitó desde un séptimo piso por el patio interior de un edificio de A Coruña resultó solamente herido leve. El suceso ocurrió en el número 36 de la calle Varela Silvari, en la madrugada del lunes al martes. Por causas que se desconocen, el vecino, de unos 30 años de edad, se cayó por un pequeño patio al que dan varios de los servicios de algunos pisos.
El hombre se fue enganchando por los tendederos de la ropa y las tuberías, amortiguando el golpe. Incluso salió por su propio pie y trepó por los tendederos hasta su ventana.
Industria de CCOO denuncia la “falta de voluntad” del Gobierno para salvar el sector del carbón
La Federación de Industria de CCOO califica de “decepcionante” la reunión mantenida ayer por la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, en la que los sindicatos no lograron ningún compromiso del Gobierno para que ponga en marcha de inmediato el real decreto que incentivaría el consumo de carbón nacional, imprescindible para resolver las dificultades del sector.
El Gobierno no ejerce su soberanía en defensa del interés general. Esa es la sensación que se le ha quedado a la Federación de Industria de CCOO tras la reunión que mantuvo ayer la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para abordar los problemas que atraviesa el sector. Cuando más del 50 por ciento de los trabajadores del carbón se encuentran afectados por un Expediente de Regulación de Empleo o ya despedidos, CCOO no entiende que el Gobierno no ponga en marcha las medidas que solucionarían el problema, es decir, el Real Decreto de Restricciones Técnicas por Garantía de Suministro, que incentivaría la quema de mineral nacional.
Este sindicato recuerda que el real decreto ya está aprobado por todos los organismos que exige la legislación nacional, y no entiende que se frene debido a una decisión pendiente del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, tras los recursos presentados por empresas eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa) y por la Xunta de Galicia contra esa norma. “Otros países ya han tomado anteriormente medidas en defensa del interés general de su población, ejerciendo su soberanía nacional, sin esperar a una sentencia cuyo resultado es incierto”, denuncia Juan Carlos Álvarez Liébana, responsable de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CCOO.
Por estos motivos, CCOO considera que el problema no es jurídico, tal y como argumenta el Gobierno, sino que encierra una “falta de voluntad política” para atajar un problema que corre el riesgo de llevar al sector a un punto de no retorno.
Como alternativa, el Gobierno ha solicitado a los agentes sociales un plazo, hasta el día 3 de febrero, para proponer alguna otra opción que solucione la situación en la que se encuentran las empresas y los trabajadores. “Aunque el Gobierno no merece una muestra más de confianza, ya que ha demostrado no cumplir los compromisos que asume, los trabajadores sí se han ganado que este sindicato agote todas las posibilidades para encontrar una solución, ya que son ellos quienes están sufriendo las consecuencias de una nefasta gestión política”, sentencia Álvarez Liébana.
La Federación de Industria de CCOO también acusa a las empresas eléctricas que han interpuestos demandas en contra del real decreto de irresponsables, carentes de ética y de mirar exclusivamente por sus intereses, obviando las prerrogativas y subvenciones que han percibido. CCOO sostiene que la única finalidad de esta estrategia es aumentar su ya abultada cuenta de resultados.Al encuentro en el Ministerio de Industria asistieron Juan Carlos Álvarez Liébana, secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CCOO; Rufino Ordóñez, responsable de Seguridad Minera de la Federación de Industria de CCOO; Maximino García, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias y Augusto Pires, secretario de Industrias Extractivas de la Federación de CCOO de Castilla y León.
El incendio registrado este viernes en el tejado de la nave de Duro Felguera, en Barros (Langreo), comenzó a eso de las 11.00 horas tras registrarse duros enfrentamientos entre trabajadores y agentes antidisturbios.
La empresa aún no ha podido identificar las causas del incendio, que ya ha sido controlado, pero los trabajadores lo achacan a la que dicen fue “exagerada actuación” de los antidisturbios. Aseguran que el contacto de uno de los botes de humo con la uralita del techo fue la que causó una chispa y el posterior incendio.
Los trabajadores cortaron a primera hora, en señal de protesta por el conflicto laboral que mantienen con la empresa, la autovía minera, justo enfrente de la citada nave. Los policías, según asegura la plantilla, les querían impedir realizar el corte de tráfico en una zona en la que había alternativas, con vías de circunvalación.
A pesar de todo, hicieron el corte y comenzaron las cargas. “Fue absolutamente desproporcionado”, dijo un sindicalista, contando que los antidisturbios disparaban botes de humo y pelotas de goma.
Fue entonces cuando se produjo el incendio en el techo de la nave. En ese momento, los trabajadores intentaron apagar el fuego. “Pero seguían cargando contra nosotros”, han señalado. Los enfrentamientos se han saldado sin ningún herido.
El Centro de Emergencias del 112-Asturias tuvo que movilizar a efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio, La Morgal y Mieres para sofocar el incendio, que finalmente dieron por controlado.
Se da la circunstancia de que en esas instalaciones se encontraban encerrados los trabajadores como medida de presión. El viernes mantuvieron una reunión para ver si dejan el encierro o siguen adelante.
Porque precisament ese día, la dirección general de Trabajo rechazó el Expediente de Regulación de Empleo para el taller de Barros (Langreo) de Duro Felguera. Los trabajadores, que estaban encerrados en medida de protesta en las instalaciones, finalmente acordaron poner fin al encierro y comunicar a la empresa que volverán al trabajo el lunes.
Según los trabajadores consultados, la resolución les da la razón y establece dos meses de plazo para la empresa si quiere interponer un recurso contencioso-administrativo, así como un mes para que el consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, Graciano Torre, actúe como intermediario.
El Principado ocupó de forma irregular los terrenos particulares sobre los que a principios de la década de 1990 se construyó la explanada del puerto nuevo de Luarca y, años después, el Museo del Calamar Gigante.
Así lo confirma la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que el pasado 20 de septiembre emitió una sentencia mediante la que se anula el proceso expropiatorio llevado a cabo para reforzar los diques del muelle y obliga a la Administración regional a «devolver de forma inmediata el bien a la recurrente», una de las propietarias del terreno.
El tribunal declara «la nulidad de pleno derecho» de la expropiación porque se llevó a cabo «sin oír ni entender las diligencias del expediente» con la demandante, «a pesar de ser cotitular inscrita» en el registro.
De hecho, los magistrados dan por probado que «existe un evidente error por parte de la Administración al no tener en cuenta la titularidad inscrita de los bienes expropiados a la parte recurrente para la ejecución de una obra pública». Según la sentencia, a la que tuvo acceso EL COMERCIO, el Principado admite el «error» y acepta que «se declaren nulas todas las actuaciones expropiatorias realizadas en el expediente de las obras de referencia».
Este acto hace inapelable la sentencia y permite estimar la petición de la recurrente, que no es otra que «ser restituida en su derecho de propiedad sobre el bien expropiado», un proceso que debe llevarse a cabo de forma «inmediata». Al aceptar el «error», el tribunal exime al Principado del pago de las costas del proceso, pues «no es posible concluir que la parte demandada sostuviere su acción con mala fe ni temeridad».
El Principado podría tener que indemnizar a la propietaria de los terrenos, que abarcan una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, comprendida entre los almacenes de pescadores y el mar. Y es que, en el recurso que resuelve esta sentencia -que fue presentado en 2009 tras ser denegada una solicitud para impugnar la expropiación-, la demandante pide que, sino es posible reintegrar el suelo, «se condene a la Administración» a abonar una indemnización «equivalente al valor económico del bien a precios actuales, más una compensación por la ilegal ocupación del bien expropiado desde 1989 -cuando se ejecutó la expropiación- hasta la actualidad».
La cifra de la compensación no ha sido fijada por el tribunal. La sentencia dicta que, en caso de que el Principado acepte pagarla, su cuantía «se determinará en ejecución de sentencia», en un nuevo proceso judicial. No obstante, podrían tratarse de cifras millonarias, ya que el valor del metro en el entorno portuario puede superar los 1.000 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha informado de lo siguiente:
Ante las dudas que han surgido entre algunos medios de comunicación de la región, respecto a un posible declaración como testigos del Alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, la concejala Isabel Pérez Espinosa y otros miembros del consistorio ovetense, por presuntas irregularidades en torno al expediente de adjudicación de la parcela B-16 del polígono de Olloniego, en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo:
Se aclara que esta declaración no será en el Juzgado, pues la parte denunciante pidió su declaración al amparo del artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por tanto en base a este artículo la declaración debe hacerse por escrito. La Jueza dicto un Auto, el pasado 3 de diciembre, aceptando la prueba testifical solicitada, y por tanto el modo de hacerlo, y la parte que lo solicitaba no sólo ha sido informada ya de esta circunstancia, sino que ya ha presentado ante el Juzgado el formulario correspondiente con las preguntas que quiere que sean contestadas por dichos testigos.
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Información complementaria transmitida por el PSOE a La Voz de Asturias
El PSOE denunció los hechos ante el Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, y avanzó que prestarán declaración el próximo nueve de febrero, junto al alcalde y Pérez Espinosa, los ediles Alberto Mortera, Iván de Santiago y José Suárez Arias-Cachero, concejal no adscrito que formaba parte del gobierno local cuando se adjudicó la citada parcela.
Además, declararán varios funcionarios y las empresas involucradas; así como la exedil socialista Carmen Caballero, que en su día denunció los hechos.
Los socialistas, que también habían recurrido a la vía penal, anunciaron que, en este caso, también se dictaron diligencias previas y varias empresas deberán declarar.
El conselleiro de Medio Rural explica a los veterinarios de Seaga que el ERE significa la finalización de la campaña para la identificacion animal
JUÁREZ EXPLICA AOS VETERINARIOS DE SEAGA QUE O ERE É FROITO DA FINALIZACIÓN DA ENCOMENDA PARA A IDENTIFICACIÓN ANIMAL
O conselleiro do Medio Rural, xunto coa delegada da Xunta en Lugo, reuniuse pola mañá cos representantes dos traballadores afectados polo ERE e acudiu pola tarde á comisión negociadora que tivo lugar en Santiago Juárez explicoulles que este Expediente de Regulación de Emprego é consecuencia do remate da encomenda polo descenso da carga de traballo
Santiago, 13 de decembro de 2010.- O conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, xunto coa delegada territorial da Xunta en Lugo, reuniuse na capital luguesa con representantes dos veterinarios da empresa pública Servizos Agrarios Galegos (Seaga) incluídos no ERE aprobado pola finalización de contrato destes traballadores, a causa do remate da encomenda para a realización de tarefas de identificación animal. Pola tarde, e atendendo unha petición do propio comité de empresa, Juárez acudiu tamén en Santiago á xuntanza da comisión negociadora do ERE.
Juárez explicoulles aos representantes dos traballadores que este Expediente de Regulación de Emprego é consecuencia, precisamente, da finalización da encomenda polo descenso da carga de traballo. Unha decisión “difícil e dolorosa que adoptou a Consellería para levar a cabo estes labores dun xeito máis eficaz e eficiente, dado o momento presupostario, de tal forma que sexa posible facer exactamente o mesmo que se viña facendo”. De feito, o titular do Medio Rural salientou que estes labores supoñían unha “carga presupostaria importante, de case 5 millóns de euros ao ano”.
Ao remate da xuntanza, o titular de Medio Rural explicou que Seaga viu reducida considerablemente a súa carga de traballo nos últimos anos. Engadiu ademais que “ata o ano 2008 era preciso expedir un certificado veterinario que xa non existe”.
Profesionalización
Con respecto ao sistema de identificación do gando, Juárez advertiu que “probablemente hai dez anos era necesario, pero hoxe en día, con menos explotacións e explotacións máis profesionais é sacar as cousas de contexto falar de que porque sexa o propio gandeiro o que pon o crotal, e non unha persoa que manda a Xunta, pode haber problemas na cadea alimentaria”.
Neste senso, tamén recordou que “o gandeiro é o primeiro eslabón desa cadea, e que ten responsabilidades tan importantes como alimentar aos animais e subministrarlles medicamentos”.
Normativa
Samuel Juárez dixo tamén que a intención do seu Departamento é “seguir facendo a identificación igual que se viña facendo, no sentido de que hai unha normativa europea que temos que cumprir”. Explicou que isto faise igual no resto das comunidades autónomas e de países europeos, porque “os animais teñen que estar identificados individualmente e non poden saír das explotacións sen estar identificados”, porque hai que garantir a trazabilidade ao longo de toda a cadea alimentaria.
Cetal
Despois do encontro cos veterinarios na Delegación da Xunta en Lugo, o conselleiro, acompañado polo secretario xeral da Consellería, Jorge Atán Castro, reuniuse no Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social (Inludes) co Padroado da Fundación Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (Cetal).
A xuntanza de hoxe tivo como eixe principal a revisión do proceso de fusión da fundación do sector público estatal “Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo” e da fundación privada de interese galego “Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia” e as actuacións previstas ao respecto.
La Federación de Industria de CCOO de Asturias califica de “hecho inaudito” la ruptura de las negociaciones del expediente de regulación de empleo por parte de la dirección de la empresa de Suzuki.
4 diciembre 2010
La Federación de Industria de CCOO de Asturias y los delegados de CCOO en el Comité de Empresa de Suzuki denuncian la ruptura de las negociaciones del expediente de regulación de empleo por parte de la dirección de la multinacional en Gijón, y califican su postura de “ falta de voluntad” para alcanzar acuerdos .
“Es inaudito que sea la propia empresa la que de forma unilateral de por rotas las negociaciones, cuando ha sido ella la que plantea el Ere. Esta actitud resulta incomprensible, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestras reivindicaciones pasan por mantener los mismos términos que se recogen en el preacuerdo suscrito el pasado mes de julio”. Así lo manifestó el Secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano.
El preacuerdo forma parte del compromiso alcanzado entre la representación de los trabajadores y la dirección de la empresa como alternativa a la destrucción de empleo.
Las claves del documento son: negociación de un nuevo Ere por un periodo de tres años; la empresa descarta efectuar despidos por causas objetivas en función del mantenimiento de los niveles de producción; los trabajadores por su parte renuncian al complemento salarial que la empresa les integraba por encima de las prestaciones de desempleo.
Desde la Federación de Industria de CCOO de Asturias mantenemos nuestra disposición para continuar y agotar todas las posibilidades de negociación dentro del marco de dicho preacuerdo que suscribimos hace cuatro meses.
Por otra parte hacemos un llamamiento a la serenidad y responsabilidad de los gestores de Suzuki Gijón para retomar el diálogo y alcanzar un principio de acuerdo que dotará a los trabajadores y a la empresa de una mayor estabilidad, en momentos tan críticos como los actuales.
A resolución do concurso eólico -a día de hoxe aínda non oficial- trouxo non poucas sorpresas, non tanto relacionadas co reparto dos Mw (GN-Fenosa, tabeiróns da especulación enerxética e empresas amigas), como cos “proxectos asociados”, quer a planta de tratamento de refugallos que apresentou Estela Eólica. Precisamente, un dos maiores problemas do novo Plano de Residuos é ubicar esta “SOGAMA do sur” e conquerir o financiamento privado para a incineradora (230 millóns de €), a metade de todo custo do PXRUG.
Máis á vista dos resultados do concurso eólico, a Xunta resolve dun “decretazo” dous problemas: financiar a incineradora do sur (Estela Eólica estaría obrigada a facela a cambio dos Mw e non podería capitalizar o investimento) saltándose o concurso público para a adxudicación da infraestrutura e privatizar definitivamente a xestión dos RSUs, un negocio ruinoso para a Xunta.
A folla de ruta do novo PXRUG ten outra fita este mes de decembro. Segundo o conselleiro Hernández, o plano estará aprobado denantes de fin de ano e deberá ter en conta a proposta de infraestrutura de “tratamento” presentada por Estela Eólica, que estará con toda seguridade baseada na incineración.
A este respeito, na estratexia da Xunta hai dúas importantes eivas. A primeira, a derivada da conflitividade social e conseguinte erosión eleitoral (municipais en 2011) que seguramente provocará unha incineradora para 900.000 Tm ano no sur de Galiza. E a segunda é a temporalización: a incineradora prevese que esté operativa en 2014, mais tendo en conta que a construción -supoñendo que a licitación sexa en 2011- demorarase uns 2-3 anos, que a empresa quererá ingresar algún rendemento polos seus novos parques eólicos denantes de desembolsar 230 millóns de €, e que en 2013 hai eleccións galegas, o máis probábel é que non chegue a construirse en prazo.
Á Xunta tanto lle ten: dispón dun “colchón” de 2-3 anos, alongábel a discreción, logo da recente ampliación do vertedoiro da Areosa, en Cerceda (A Coruña), no que seguir amoreando lixo sen tratar durante o tempo que faga falla. A Xunta de Feijóo so quere cumprir o expediente fronte a Europa, dándose por satisfeita co “recrecido” do vertedoiro: máis lixo enriba do lixo, e tiramos até as eleccións de 2013.
Por iso, tanto as infraestruturas do propio PXRUG como os investimentos vencellados á resolución do concurso eólico son virtuais: os primeiros non se chegarán a executar nesta lexislatura, e os segundos nunca o farán. Aí están os ridículos investimentos asociados ao desenvolvemento eólico durante a era Fraga. Básicamente as empresas adicáronse a aplicar a estratexia de “colle os cartos e corre”, fuxindo dos seus compromisos de criar portos de traballo através de planos industriais asociados (ver o estudo do economista da U. de Vigo Xabier Simón “Plans eólicos empresariais no sector eólico galego“).
Con estas novas adxudicacións nada nos fai pensar que acontecerá algo diferente. Ao obxectivo heroico de criar 13266 postos de traballo que segundo o conselleiro de Industria traerá da man o reparto eólico, haille que aplicar o correctivo da realidade.
E os datos apontan a que no país, os postos de traballo criados polo sector eólico (aos que hoxe hai que restar os 268 empregos perdidos polo peche da fatoría de GAMESA n’As Somozas), son ben distintos das entusiastas previsións feitas polo conselleiro. Nunha recente tese de doutoramento, “Xénese e desenvolvemento do sector eólico en Galicia (1995-2010): marco institucional, aspectos económicos e efectos ambientais” elaborada na USC por Rosa María Regueiro Ferreira baixo a dirección do Prof. Xoán Doldán, ex-director do INEGA, apóntase que “para o período 1995-2009 para Galicia, as actividades de operación e mantemento xeraron un mínimo de 417 empregos e un máximo de 633 de tipo neto. [ ] Para o mesmo período, e en relación ás actividades de construción do parque eólico, as cifras oscilarían entre 8.555 e 10.281 empregos, que consideraríamos brutos, dado o gran nivel de rotación existente neste tipo de actividades.”
O concurso eólico é portanto outro instrumento de propaganda (con incineradora apegada) ao servizo da Xunta para camuflar a enaxenación dos nosos recursos naturais aos tabeiróns da especulación enerxética. Trátase simplemente de privatizar o vento e os refugallos coartando calquera posibilidade de desenvolvemento socialmente xusto e ambientalmente sustentábel.
La asociación ecologista gallega Adega denuncia que el ayuntamiento de Padrón pretende autorizar la cementera de Pazos pese al requerimiento de Aguas de Galicia de paralizarla
O CONCELLO DE PADRÓN PRETENDE AUTORIZAR A CEMENTEIRA DE PAZOS MALIA AO REQUERIMENTO DE AUGAS DE GALIZA DE PARALIZALA
29 de novembro de 2010. O concello de Padrón, desouvindo o requerimento de Augas de Galiza que lle insta a non dar licenza para a planta de formigó no polígono de Pazos, pretende dar licenza e consolidar as irregularidades administrativas cometidas na tramitación desta instalación.
Augas de Galiza acordara abrir expediente sancionador a Xestur, concesionaria do polñigono, por recheos na zona de policía do río Sar.
Alén disto, estas obras que afectan ao espazo protexido do LIC Ulla-Deza tampouco contaron co preceitivo informe de Conservación da Natureza nen con avaliación ambiental.
A empresa, “Hormigones Taboadela”, subministra formigón para as obras do ave e solicitou licenza para unha actividade ”temporal”, exactamente 23 meses, para eludir a obrigatoriedade da avaliación que fixa o Decreto 133/2008 (que substituiu ao RAMINP), necesaria se a fatoría vai ter unha actividade superior aos dous anos (24 meses).
Alén disto, o concello de Padrón non contemplaba a autorización para o uso como fábrica de formigón da parcela nº 78 no case baleiro polígono de Pazos.
A sorprendente celeridade coa que estase a tramitar esta obra por parte do concello, a sospeitosa duración da actividade (23 meses), xusto 1 menos que e o preciso (24 meses) para pasar o trámite ambiental, e o expediente de Augas de Galiza, que deberían servir para que o concello de Padrón fixera caso á Xunta e denegara a licenza.
Todo fai pensar, pois que estamos perante a tramitación irregular dunha actividade contaminante con vocación de permanencia en Pazos. Isto último deducímolo tamén do propio proxecto visado e presentado pola promotora, “Hormigones Taboadela, S. L,”: “El objeto del presente proyecto es el diseño de cimentaciones en instalación temporal (para un año y once meses) de una planta de dosifixcación de áridos y cementos quedando prevista de conjunto de amasado para uso futuro“.
ADEGA solicita á Xunta e ao concello de Padrón que respecten a lexislación de protección ambiental e a salvagarda da saúde pública, en troques de aproveitar fendas legais para “pontear” o procedemento e favorecer unha determinada actividade.
Finalmente, ADEGA expresa a súa solidariedade e apoio ás reivindicación dos veciños e veciñas de Pazos. Nen o AVE nen ningunha infraestrutura pode estar por riba do dereito á saúde a ao medio ambiente da cidadanía!
La Policía Local de Gijón abrió anoche un expediente a un bar de la calle Cabrales en el que se había programado un espectáculo de striptease cuando se encontraban en su interior unos cuarenta menores a los que además los responsables del establecimiento hostelero vendían bebidas alcohólicas.
Los hechos se produjeron sobre las 21:00 horas cuando una patrulla de paisano que se encontraban realizando un servicio de control de venta de alcohol a menores, observó como en el local se anunciaba el espectáculo erótico, así como chupitos gratis para los asistentes y copas a bajo precio.
En el local fueron identificadas 31 chicas y 9 chicos con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años y, durante el espectáculo de desnudo integral, los policías vieron como su protagonista sacaba a bailar al escenario a una joven de 15 años y llegaba a dirigir las manos de la joven hacia su miembro viril.
En el local se identificó a sus dos encargados así como a dos camareras, al stripper y al dueño del pub y, junto al expediente administrativo por incitación de los menores al consumo del alcohol, la Policía Local tramitó diligencias judiciales por la posible responsabilidad penal por exhibicionismo.
En el marco de la misma operación de control de venta de alcohol a menores, la Policía Local tramitó otro expediente contra un local de la calle Jacobo Olañeta donde se sorprendió a sus encargados vendiendo alcohol a dos jóvenes de 13 y 15 años, respectivamente.
FEIJÓO ANUNCIA A PRÓRROGA DO CONCERTO ENTRE O SERGAS E POVISA QUE “IMPOSIBILITA CALQUERA EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPREGO”
Feijóo anuncia la prórroga del concierto entre el Sergas y Povisa para imposibilitar el expediente de regulación de empleo del hospital, que significaría la pérdida de mil puestos de trabajo
Explica que a Xunta fai valer “unha das cláusulas vixentes na que se contempla a posibilidade de prorrogalo durante todo o tempo que sexa necesario ata a formalización do novo concerto”
Resalta que esta decisión se adopta co obxectivo de que “Povisa poida planificar adecuadamente a organización e a continuidade dos seus servizos”
“Esta é unha mensaxe de tranquilidade para os traballadores, para os pacientes, e, supoño, para o equipo directivo do hospital de Povisa”, incide
Santiago, 19 de novembro de 2010.- O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciou onte “a prórroga do concerto que o Sergas ten asinado co Hospital Povisa desde o ano 2000”. “Dado que aínda se atopa en vigor o concerto que se subscribiu no ano 2000, facemos valer unha das cláusulas vixentes na que se contempla a posibilidade de prorrogalo durante todo o tempo que sexa necesario ata a formalización do novo concerto”, explicou Núñez Feijóo.
Deste xeito, o titular do Goberno autonómico sinalou que esta decisión se adopta co obxectivo de que “Povisa poida planificar adecuadamente a organización e a continuidade dos seus servizos”, imposibilitándose, en consecuencia, “calquera expediente de regulación de emprego que teña que ver co concerto do Servizo Galego de Saúde”.
Así, Feijóo sinalou que “o concerto do Servizo Galego de Saúde queda garantido e prorrogado todo o tempo que fora necesario ata garantir unha nova negociación e un novo concerto”. “Esta é unha mensaxe de tranquilidade para os traballadores, para os pacientes, e, supoño, para o equipo directivo do hospital de Povisa”, concluíu.
La delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Lucía Molares, ha logrado tras una reunión de dos horas con los representantes del hospital vigués de Povisa que aceptasen aplazar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planean, hasta por lo menos el fin de semana. Un ERE que supondrá la eliminación de mil puestos de trabajo si se lleva a cabo.
El aplazamiento se logró a última hora, puesto que Povisa se presentó en la delegación de la Xunta en Vigo dispuesta a presentar el ERE y ya había entregado el documento a los sindicatos. El comité de empresa del hospital, por su parte, adelantó que habría movilizaciones ante la magnitud de esta regulación de empleo que Povisa pretende sacar adelante.
La dirección del hospital exige como principal condición para negociar que se le entregue la resolución por escrito de que el concierto con el Sergas se va a prorrogar mientras duren las negociaciones. Además, la Xunta se ha comprometido a reducir los plazos, ya que el ERE necesita un mes para que lo estudien los sindicatos y 15 días para que lo revise la administración.
El comité de empresa se ha reunido esta tarde con la delegada de la Xunta y mantendrán mañana a primera hora una reunión interna para evaluar el documento, aunque ya se ha anticipado que habrá protestas.
La propia delegada de la Xunta en Vigo reconocía que el hecho de que la empresa haya pedido por escrito el compromiso de la conselleira de que se prorrogará el concierto mientras se negocia demuestra que hay “menos confianza”, pero ha insistido en que las negociaciones están avanzando.
Por ahora, el principal punto de acuerdo entre el Sergas y Povisa es cerrar un contrato económico que dure los próximos diez años. Aún así, tienen sus diferencias en la fórmula ya que el Sergas quiere firmar cinco años e ir prorrogando cada uno de los cinco siguientes; mientras Povisa pretende nueve y uno de prórroga.
Existen otras discrepancias, las principales son la económica y el número de pacientes. Povisa ahora atiende a 143.000 y quiere mantenerse en cifras similares. Según fuentes del hospital, el Sergas solo garantiza ese volumen de pacientes durante cuatro o cinco años, hasta que entrase en funcionamiento el nuevo hospital, prevista para el 2014, y luego se reduciría a entre 90.000 y 120.000. En este sentido, la representante de CIG en el comité de empresa no ha descartado que, aunque se evite este ERE, la empresa no haga una regulación de empleo cuando se inaugure el nuevo hospital.
El hospital vigués de Povisa ha presentado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para un total de 787 miembros del personal indefinido y a los que se sumarían más de 200 con contratos de obra vinculado al actual concierto con el Sergas (que expira a 31 de diciembre).
La medida de extinción de contratos se aplicaría a día 1 de enero de 2011, según los sindicatos.
El hospital justifica la medida en que todavía no se ha alcanzado un acuerdo en la negociación que mantienen Xunta y Povisa sobre el nuevo concierto sanitario para este centro sanitario. Una vez presentado el ERE, se abre el periodo de consultas y cada sindicato podrá presentar sus alegaciones.
El hospital cuenta actualmente con una plantilla de 1.500 efectivos. El comité de empresa se reunirá en la mañana del martes para analizar la situación y avanza que se programarán movilizaciones. Además, ese mismo día se celebrará una asamblea de trabajadores.
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