El Gobierno ha decidido finalmente no subir la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los consumidores domésticos, según han informado fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Si se hubiera subido, estaríamos en un aumento del 17% en el recibo, solamente este año. Por el momento, las eléctricas ya han logrado incrementarlo en un 11% SÓLO EN LO QUE VA DE AÑO a 20 MILLONES DE CONSUMIDORES.

Para compensar la subida del coste de la energía que dio como resultado la subasta celebrada ayer, el Ejecutivo bajará los denominados peajes de acceso, según las mismas fuentes. El recibo de la luz se compone de dos elementos, el coste de la energía, que se fija mediante subastas en el mercado eléctrico, y los peajes de acceso, con los que se pagan conceptos regulados como el uso de redes o las primas que reciben las renovables.
En la subasta de ayer, el coste de la energía subió más de un 10 %, lo que se debería traducir en un aumento de la tarifa que paga el consumidor de entre el 5,9 % y el 6,1 %.

La decisión de bajar los costes regulados de la tarifa para forzar una congelación no es nueva. El julio del año pasado, cuando circulaba una propuesta de subida del 10% de peajes y la subasta eléctrica marcaba un alza del 11%, Sebastián cerró un acuerdo con el PP para congelar el recibo.

Aquel acuerdo implicó un descenso en los peajes que la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) recurrió ante el Tribunal Supremo al considerar que vulneraba los principios de suficiencia tarifaria, de buena fe y de confianza legítima. Además, la medida se adoptó sin audiencia ante la CNE.

En lo que va de año, la tarifa ha subido en dos ocasiones. La primera, en enero, consistió en un incremento del 9,8% provocado por el encarecimiento de la energía y acompañado de una congelación de peajes. La segunda, el octubre, fue del 1,5%, después de que el Gobierno también congelase los peajes.

En lo que va de año, Industria ha elevado en una ocasión estos peajes con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema eléctrico. En marzo, aprovechando un descenso en el precio de la electricidad, el Gobierno elevó un 10% el término que recoge los costes regulados, con lo que la TUR quedó congelada.

En 2010, la luz subió un 2,6%, en 2009 un 3,5% y en 2008 un 9,08%. El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC.

Los resultados de una subasta con la que se fija en parte la tarifa de la luz pusieron al Gobierno en el siguiente dilema: aplicar este octubre una subida del recibo de casi el 6% o tomar la decisión política de congelar los precios a costa de engordar el déficit que arrastra el sistema. Ocurre con las elecciones generales del 20 de noviembre en el horizonte y cuando la factura de la electricidad ha acumulado ya en lo que va de año un incremento del 11% para más de veinte millones de consumidores domésticos.

La llamada tarifa de último recurso (TUR), que marca los precios para la gran mayoría de los hogares, se fija trimestralmente mediante un procedimiento que consta de dos partes: el Ministerio de Industria decide directamente sobre la subida de los denominados peajes de acceso (costes fijos del sistema que suponen la mitad del recibo), mientras que el resto (coste de la energía) se actualiza usando como referencia los resultados de una subasta en la que participan los productores y los comercializadores de electricidad. El Gobierno ya ha propuesto congelar los peajes de acceso (la mitad del recibo), pero la otra mitad quedaba en principio sujeta a lo que ocurriera en la subasta celebrada ayer y que se saldó con precios entre un 9% y un 13% más altos que hace tres meses.

Si esos resultados se trasladan sin más a la tarifa, el impacto supondrá un encarecimiento medio del 5,9% en el recibo. La luz ya subió dos veces durante este año: el 9,8% en enero (la mayor subida en 28 años) y el 1,5% en julio. Aplicar en octubre un nuevo aumento del 5,9% supondría que para el conjunto de 2011 el incremento acumulado superaría el 17%.

El Gobierno puede sobre el papel optar por otra vía política y amortiguar el impacto de la subasta eléctrica rebajando la otra parte del recibo, los peajes de acceso. No obstante, este camino tiene como efecto secundario que aumenta el «déficit tarifario», el desfase entre los costes del sistema y los ingresos. El déficit acumulado durante la última década supera los 20.000 millones de euros y implica de por sí un sobrecoste para la tarifa que pagan los ciudadanos.

Las organizaciones de consumidores exigieron ayer al Gobierno que también tome ahora el camino de congelar la tarifa y cuestionaron el procedimiento para fijar los precios.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) está investigando si se producen prácticas anómalas de las eléctricas para alterar el funcionamiento del mercado e influir el resultado de la subasta.