AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS — Sección 8ª 

Rollo núm.: 102/2011

Órgano de procedencia:……………………………… Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón

Procedimiento de origen:…………………………… Diligencias Previas nº 206/2010

 AUTO Nº _________ /11

 Presidente:……….. Ilmo. Sr. D. Bernardo Donapetry Camacho

Magistrados:…….. Ilma. Sra. Dª. Alicia Martínez Serrano

………………………….. Ilmo. Sr. D. José-Francisco Pallicer Mercadal

 En Gijón, a ocho de abril de dos mil once

HECHOS

 PRIMERO.— Por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, con fecha 31-1-2011, en sus Previas 206/2010, se dictó auto acordando rechazar la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor del Juzgado de Instrucción Decano de Oviedo.

SEGUNDO.— Contra dicha resolución se interpusieron recurso de reforma y subsidiario de apelación por la representación procesal de MARÍA-JESÚS OTERO REBOLLADA y recursos de apelación por el Ministerio Fiscal y las respectivas representaciones procesales de VÍCTOR-MANUEL MUÑIZ MENÉNDEZ, MARTA RENEDO AVILÉS y ALFONSO-CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

TERCERO.— Por auto de fecha 1-3-2011 el Juzgado desestimó el recurso de reforma y admitió los de apelación, de los que se dio traslado a las demás partes personadas, adhiriéndose a ellos la representación procesal del Principado de Asturias.

CUARTO.— Remitido el asunto a esta Sección Octava, se formó el Rollo de Apelación nº 102 de 2011, pasando para resolver a la Ponente, Ilma. Sra. Dª. Alicia Martínez Serrano, que expresa el parecer de la Sala.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.— Antes de entrar en el fondo de la cuestión es preciso resolver sobre la nulidad de actuaciones que plantean dos de las partes recurrentes: la representación procesal de María-Jesús Otero Rebollada, en base a falta de motivación del auto recurrido al carecer de la determinación de hechos que debe preceder a la fundamentación jurídica, y la representación procesal de Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, en base a la indefensión que le supone plantear el recurso sin conocer el contenido de las diligencias por continuar las mismas bajo secreto sumarial para las partes.

Pues bien, se compartan o no los argumentos de la Juez a quo, hay que decir que su auto está motivado: contiene un relato de hechos que, aunque no detalla el resultado de las investigaciones —por el secreto sumarial declarado para las partes (previsto en el artículo 302, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)—, sí refiere el contenido de la denuncia (“… La denuncia que da lugar a esta causa es presentada en el Juzgado de Guardia de Gijón en fecha 9 de febrero de 2010 por Azucena Vega Fernández, ciudadana de Gijón a nombre de la cual se había abierto una cuenta a través de Internet en la entidad Bankinter, sin ella saberlo, y en la que se recibieron a lo largo de varios años ingresos del Principado de Asturias y otras entidades. A raíz de dicha denuncia, se incoaron las presentes Diligencias Previas comenzando una instrucción declarada secreta…”), menciona expresamente los delitos que se investigan —prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales— y expone de forma comprensible y rebatible —como lo demuestran los cinco recursos planteados— las razones jurídicas en las que basa su decisión, es por ello que estimamos que el auto está suficientemente motivado y no ha causado indefensión a las partes.

En consecuencia con lo anterior, no concurriendo los requisitos legales para declarar nulidad (art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: … 3º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión…”), procede desestimar dichas pretensiones.

SEGUNDO.— Los cinco recursos de apelación coinciden en que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a los Juzgados de Instrucción de Oviedo, por lo que es posible resolverlos conjuntamente de acuerdo a las consideraciones siguientes:

A.— Respetando las premisas planteadas en el auto apelado, y aplicando las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar la competencia territorial entre jueces y tribunales, no podemos concluir de la misma forma que lo hace la Juez a quo. Por una parte, el escenario que se describe en dicha resolución es el de la investigación de una pluralidad de delitos entre los que existe conexidad (“Para analizarse la presente cuestión debe partirse de cuáles son los delitos investigados. Así, de lo hasta ahora actuado aparecen indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros, debiendo considerar el cohecho y el tráfico de influencias como los dos tipos que sirven de conducto hacia los demás que por tanto deben entenderse conexos…”). Por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece las reglas aplicables para determinar la competencia territorial para conocer de las causas por delitos conexos y así, dice el artículo 18 de la citada Ley: “1. Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos: § 1º El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor. § 2º El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena. § 3º El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero. § 2. No obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por dos o más personas en distintos lugares, si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior, el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial”. Pues bien, tanto aplicando al caso que nos ocupa el apartado 1 como si aplicamos el apartado 2 del citado artículo resulta competente para conocer de la causa el Juzgado de Instrucción de Oviedo. En lo que respecta al apartado 1, porque de todos los delitos investigados el delito que tiene señalada pena mayor es el de malversación de caudales públicos —hasta 8 años de prisión (art. 432.2 del Código Penal)— y este delito sólo pudo cometerse en Oviedo que es donde tiene su sede la Administración defraudada (El Principado de Asturias), donde trabajaban tres de las personas imputadas (José-Luis Iglesias Riopedre, María-Jesús Otero Rebollada y Marta Renedo Avilés), y desde donde necesariamente se ordenaron los supuestos pagos, por lo que la norma aplicable es la del nº 1 del apartado 1. En lo que respecta al apartado 2, porque aun en el caso de que un delito de cohecho se hubiera cometido en Gijón —como supone la Juez de instancia— y todos los demás se hubieran cometido en otro lugar de Asturias (no nos consta indicio de que alguno de los delitos investigados se cometiera fuera de esta provincia), el Juez competente lo sería el del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, Oviedo (artículo 80.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ciudad donde además se consumaron los delitos de malversación de caudales públicos (por lo expuesto anteriormente), de prevaricación (porque las supuestas resoluciones arbitrarias e injustas tuvieron que dictarse en Oviedo, sede de la Administración en la que José-Luis Iglesias Riopedre, María-Jesús Otero Rebollada y Marta Renedo Avilés ejercían las funciones propias de sus cargos) y de fraudes y exacciones ilegales (porque las supuestas contrataciones se tenían que autorizar en Oviedo y la supuesta defraudación se tenía que producir en Oviedo, sede de la Administración defraudada).

B.— Si cuando se iniciaron las actuaciones judiciales, tras la interposición de la denuncia presentada en Gijón por Azucena Vega Fernández el día 9 de febrero de 2010, conforme al artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 1º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito…”), norma invocada en el auto recurrido, estaba plenamente justificada la competencia del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, pues se desconocía de qué delito o delitos se trataba, dónde se habían cometido, qué personas habían participado, etc., dicha competencia ha dejado de tener su razón de ser como consecuencia del resultado de las investigaciones, a través de las cuales la Magistrada-Juez ha podido determinar los delitos supuestamente cometidos y concluir sobre la conexidad de los mismos, a lo que nosotros añadimos la seguridad de que algunos de los delitos sólo han podido cometerse en Oviedo, por lo que en caso de no existir la conexidad postulada en el auto impugnado la competencia respecto de dichos delitos correspondería igualmente a los Juzgados de Oviedo con arreglo a lo previsto en el art. 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: (“… serán competentes: … 2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido,…”), no hallando —por el momento— más vinculación de la presente causa con el partido judicial de Gijón que la de ser el lugar del descubrimiento del delito (que la empresa de uno de los imputados esté residenciada en Gijón no permite afirmar con certeza que un delito de cohecho se cometió en esta localidad). Tanto esta conclusión como la relativa a que en este caso sería aplicable el artículo 18.1.1º y no el 18.1.2º, o en su caso el art. 18.2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace innecesario recurrir a la teoría de la ubicuidad para la atribución de la competencia territorial.

TERCERO.— Por todo lo expuesto, procede la estimación de los recursos de apelación en el sentido de revocar las resoluciones recurridas y ordenar la inhibición del conocimiento de la causa a favor del Juzgado de Instrucción de los de Oviedo que por turno corresponda.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: 1º) RECHAZAR, COMO RECHAZA, la petición de nulidad de actuaciones formulada en sus recursos de apelación por las respectivas representaciones procesales de MARÍA-JESÚS OTERO REBOLLADA y ALFONSO-CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, y 2º) ESTIMAR, COMO ESTIMA, los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las respectivas representaciones procesales de MARÍA-JESÚS OTERO REBOLLADA, VÍCTOR-MANUEL MUÑIZ MENÉNDEZ, MARTA RENEDO AVILÉS y ALFONSO-CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, a los que se adhirió la representación procesal del Principado de Asturias, contra el auto de fecha 31-1-2011, ratificado por otro de 1-3-2011, recaídos en Diligencias Previas nº 206/2010 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, y revocar, como revoca, dichas resoluciones, ordenando la inhibición del conocimiento de la causa a favor del Juzgado de Instrucción de Oviedo que por turno corresponda. Se declaran de oficio las costas de esta apelación.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes. Remítase testimonio del presente auto al Juzgado de procedencia y archívese el Rollo de Sala.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba referenciados, de lo que doy fe.

 DILIGENCIA.— Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.