• La consejera de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, compareció hoy la petición propia en el Parlamento gallego para dar cuenta de las actuaciones del departamento autonómico en materia de dependencia en lo que va de legislatura
• Mato se refirió a la propuesta realizada por el Gobierno gallego al Estado para reorientar  la prestación económica por cuidados en el contorno familiar hacia una prestación para contratar a un cuidador personal con una formación acreditada y de alta en la seguridad social
• La Xunta apela a que se prime la prestación de servicios en los criterios de reparto de los presupuestos estatales destinados a la dependencia
• Actualmente, los servicios representan el 60 por ciento de las prestaciones reconocidas en Galicia frente a las libranzas del cuidador familiar, cuando el promedio del Estado está en un 45 por ciento, 15 puntos por debajo
• La inversión en dependencia en Galicia durante la legislatura ascendió a 1.390 millones en global, de los cuales 1.010 millones fueron acercados por la comunidad autónoma

Santiago, 12 de junio de 2012.- El Gobierno gallego propuso al Estado, en el marco de los cuatro grupos de trabajo creados para replantear la Ley de dependencia, que se den los pasos para reorientar la prestación económica de los cuidados en el contorno familiar de cara a una prestación económica para la contratación de un cuidador personal con carácter profesional.

Así lo adelantó hoy la consejera de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, durante su comparecencia a petición propia en el Parlamento gallego para dar cuenta de las actuaciones del departamento autonómico en materia de dependencia en lo que va de legislatura.

En su intervención, concretó que esta propuesta gallega consistiría en una figura profesional que proporcionaría cuidados y acompañamientos de la vida diaria “con una formación básica específica y de alta en un régimen especial de la seguridad social”. El contrato podrá ser a un familiar, siempre que tenga acreditada una formación para la atención y el alta en la seguridad social. “Esto, evidentemente, incide claramente en el empleo”, subrayó Mato.

Esta es sólo una de las propuestas realizadas por el Gobierno gallego en los cuatro grupos de trabajo que se crearon entre comunidades autónomas y Estado para mejorar la Ley de dependencia. Además, la Xunta también propuso que el Gobierno central tenga en cuenta en la financiación el servicio que se presta y no sólo el grado, y “en función del servicio, que también se tenga en cuenta el grado de dependencia”. También se planteó que se prime más la prestación de servicios profesionales frente a las ayudas económicas, “obedeciendo al espíritu de la propia Ley que califica de excepcionales los cuidados en el contorno familiar”.

Apuesta por los servicios La Xunta lleva haciendo una importante apuesta por los servicios, frente a las libranzas económicas, desde el inicio de la legislatura, dado que garantizan una atención de mayor calidad y crean empleo. Gracias a este esfuerzo, en este tres años se ampliaron de promedio un 32 por ciento todos los servicios de atención a las personas con dependencia, especialmente los de cercanías, que son los más demandados.

En este sentido, Mato resumió que se incrementaron en un 50 por ciento la disponibilidad de los servicios de teleasistencia; en un 83% los centros de día; en un 76 por ciento la atención de día para enfermos de alzheimer; en un 25% las plazas en residencias de mayores; y en un 12 por ciento las plazas de atención a la discapacidad.

A esto hay que sumarle un aumento de más del 1.400% en las libranzas por servicio (ayuda económica sobre factura para aquellos que optan por elegir un centro de día o residencia privado), que pasaron de las 358 en 2009 a las 5.432 actuales. El ánimo que se dio al servicio de ayuda a domicilio también fue importante, y ascendió a un 346%, al pasar de 2.857 beneficiarios en 2009 a 12.761 en mayo de este año.

Gracias a estas cifras, actualmente el 60% de las prestaciones reconocidas en Galicia son servicios, frente al 40 por ciento de prestación económicas, cuando en 2009 los datos eran a la inversa. Esta cifra supone también estar 15 puntos por encima del promedio del Estado, que se sitúa en un  promedio del 45 por ciento en el que a servicios se refiere.

Así, Galicia está por encima del promedio estatal en cobertura residencial (17,9% frente al 13,1%); en centros de día (10,9% frente a 6,4%); en ayuda a domicilio (16,05% frente al 12,8%, además con más intensidad horaria que el promedio); y en libranza por servicio (11,4% frente a 6,56%).

“Esto los llevan la que Galicia sea ahora incluso de las pocas comunidades donde hay más personas dependientes atendidas a través de servicios, pese la que evidentemente son más caros”, destacó la titular del departamento autonómico, quien recordó que esta apuesta por los servicios sobre la prestación económica es también un acuerdo fruto del diálogo social.

Mejoras en la gestión La consejera también se refirió la otras medidas que incidieron directamente en la mejora del sistema de atención a la dependencia, entre las que citó el diseño de un Sistema integrado gallego de atención a la dependencia (SIGAD), que unifica en un sólo sistema toda la tramitación de expedientes; o el módulo extranet que se habilitó para que los ayuntamientos habían podido tener acceso a la información.

Las mejoras también llegaron al campo de la financiación: tanto en cantidad como en agilización. En el que al presupuesto se refiere, Mato recordó que en lo que va de legislatura se invirtió en la atención a la dependencia en Galicia “1.390 millones de euros, de los cuales 1.010 millones fueron acercados por la comunidad autónoma”. Este año Galicia destina la este fin 267 millones de euros, 4,4 más que el año anterior, mientras que el Estado aportación 94 millones. Con estas cifras, que fueron aumentando año tras año desde lo comienzo de la legislatura, se muestra que el presupuesto autonómico –esto es, sólo en el que se refiere la aportación que hace Galicia- aumentó en materia de dependencia en un 99,2 por ciento desde que este Gobierno llegó a la Xunta.

En cuanto a la agilización de la financiación, Mato destacó el nuevo decreto de servicios sociales que permite a los ayuntamientos recibir una liquidación trimestral por el concepto de servicio de ayuda en el hogar (SAF) dependencia, cuando antes recibían una cuantía anual. De hecho, en este primero trimestre del año ya se adelantaron a los ayuntamientos unos 8 millones de euros, que llegarán a cerca de 32 millones cuando finalice el año.

Durante su comparecencia, la consejera recordó también el desarrollo normativo  de la Ley de Dependencia a través del decreto 15/2010, y la orden que lo desarrolla, que constituyen una de las normativas “más avanzadas” en esta materia; o la elaboración de la cartera de servicios de atención a la dependencia, que permitirá que cada persona cuente “con un traje a medida” gracias a la flexibilidad de los servicios. Además,  recordó que en los últimos tres años se crearon más de 2.700 plazas públicas en residencias, centros de día y discapacidad.

Gracias a todo este esfuerzo, en tres años se atendieron a más de 46.000 personas, frente a las 14.000 que había al inicio de la legislatura, lo que supuso aumentar en un 327% el número de personas atendidas, o multiplicar casi por cuatro.

“Mientras otras autonomías deben meses de nóminas a los cuidadores y otras cierran centros, nosotros seguimos creciendo y manteniendo nuestra apuesta. Porque nosotros apostamos por una verdadera política social, sostenible, eficiente y de calidad”, concluyó la consejera.