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31/01/2011

La Policía estaría al parecer haciendo declarar a más empresarios que trabajaron para el Principado, sospechosos de formar parte de la presunta red de corrupción

ÚLTIMA HORA: martes 1 de febrero
 
La Policía interroga al hijo de Riopedre en relación con la trama de corrupción

La investigación sospecha que E. I. G., propietario de la firma Geogal, o su padre habrían podido exigir tratos de favor para lograr contratos para la empresa

EL TSJA DESMIENTE QUE HAYA NUEVAS IMPUTACIONES EN EL CASO RIOPEDRE, AUNQUE ACLARANDO QUE “LA POLICÍA PUEDE TOMAR DECLARACIÓN A QUIEN CONSIDERE OPORTUNO”

El hijo de Riopedre se negó a responder a las preguntas de la Policía acogiéndose a su derecho a no declarar.
Por otra parte, “ante las informaciones aparecidas en un diario regional”, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desmiente tajantemente que, a día de hoy, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón haya imputado a alguien mas.
 
En un caso como este, hasta que no haya una declaración en sede judicial no puede haber una imputación judicial de delito alguno, y por lo tanto, como este fin de semana no se ha producido este hecho, no hay ninguna resolución por parte de la magistrada en este sentido. Tampoco está previsto que en la próximas horas alguien vaya a declarar al Juzgado.
 
En el marco de una Instrucción de este tipo, que sigue abierta se encuentra que la Policía pueda tomar declaración a quien considere oportuno, en calidad de detenido o no, sin que esto suponga una imputación judicial de delito alguno, hecho este que únicamente le corresponde a la autoridad judicial.
 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL TSJA 

(Relativa a la Noticia extractada de La Nueva España del 31/01/10-VER NOTICIA ORIGINAL)

En Gijón la investigación sobre la presunta red Riopedre de corrupción empresarial y política podría haber continuado pidiendo la policía la declaración de más personas, además de los ya detenidos o en libertad bajo fianza.

Se trataría de responsables de empresas que hubieran trabajado para la Administración del Principado, como los dueños de Igrafo y Almacenes Pumarín.

A estos dos últimos empresarios se les acusa de dos delitos, cohecho y tráfico de influencias. La investigación y las escuchas telefónicas han provocado el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; de su principal colaboradora en la Consejería, María Jesús Otero; y de la funcionaria de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. En libertad, pero teniendo que pagar esta semana una fianza de 300.000 euros, se hallan Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, por los cargos de cohecho y tráfico de influencias.

Tras pasar por la Comisaría de Gijón, donde al parecer algunos de los llamados a declarar se negaron, quedaron en libertad. Aún se desconoce cuántos fueron.

Además la Policía judicial de Gijón ha ampliado supuestamente sus registros a la Consejería de Cultura y  a la Intervención regional, en busca de nuevas pruebas e información sobre el caso.

(Fuente: LNE)

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28/01/2011

La jueza del caso Riopedre en Gijón no confirmará si se inhíbe a favor de los Juzgados de Oviedo hasta la próxima semana, y si lo hace tendrá que levantar el secreto de sumario

NOTICIA ACTUALIZADA:

28/01/2011 -La Jueza no confirmará si se inhibe en el caso Riopedre hasta la próxima semana y si acepta que se traslade el caso a Oviedo tendrá que levantar el secreto de sumario

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias informa que tras la petición comunicada ayer por el Ministerio Fiscal de que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón se inhiba a favor de los Juzgados de Oviedo, está previsto que la magistrada resuelva esta petición a mediados de la semana que viene.

 

En el caso de que la Jueza encargada de las actuaciones resolviera favorablemente a la inhibición, al ser una causa con presos, todo se habilitaría de manera instantánea. Nada más que la Jueza se pronuncie, el Juzgado tiene que enviar la totalidad de la causa al Decanato de Oviedo. Allí, y de acuerdo a las normas habituales de reparto de dicho Decanato, se trasladaría la causa al Juzgado que le corresponda. Por tanto, a no ser que surja un problema no esperado con el traslado de los documentos, podría darse la circunstancia de que el mismo día que la Jueza resuelva, podría terminar con la causa ya físicamente en el Juzgado ovetense que le corresponda. 

 

Además se comunica que las actuaciones siguen siendo secretas, pero si la magistrada opta por la inhibición, debe levantar el secreto antes de dicha inhibición, y posterior reenvío de la causa. 

 

Se sobreentiende que si el Juzgado de Gijón resuelve que el sigue siendo competente, la Instrucción seguiría en dicha sede atendiendo a los procedimientos habituales en estos casos.

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27/01/2010.-La jueza de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, había pensado inhibirse en el supuesto caso de corrupción por el que acordó el ingreso en prisión del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre en favor de un Juzgado de Oviedo, al haber ocurrido los hechos en la capital asturiana, según ha informado uno de los abogados defensores.

La magistrada ha adoptado hoy esta decisión a petición del abogado Miguel Valdés, que representa a uno de los imputados, el propietario de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, ha explicado el letrado.

La jueza ha dejado además hoy 27 de enero en libertad bajo fianza de 300.000 euros a los dos empresarios imputados en la causa de corrupción por la que se encuentran en prisión el ex consejero de Educación de Asturias José Luis Iglesias Riopedre, así como una ex directora general y una funcionaria del Principado.

La magistrada ha adoptado esta decisión tras tomar declaración a ambos empresarios, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de Igrafo, a los que les impone el pago de dicha fianza en un máximo de cinco días, y les obliga a presentarse todos los viernes en el Juzgado, según han informado sus abogados.

La fiscal había solicitado para ambos el ingreso en prisión, medida que había también requerido para todos los imputados, alegando el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Los dos empresarios, a los que se le acusa de cohecho y tráfico de influencias, han salido en torno a las cuatro y cuarto de los calabozos del juzgado tras pasar 72 horas detenidos.

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