REBAJA SECTOR PÚBLICO

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO EN EL PLENO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Viernes, 26 de abril de 2013

El proyecto de ley que el Gobierno del Principado de Asturias presenta hoy en este pleno de la Junta General recoge las primeras medidas para reestructurar, mejorar y fortalecer el sector público asturiano.

Es el arranque de un proceso pautado en el tiempo que nos permitirá concentrar recursos públicos allí donde más se necesitan, lograr mayor eficacia y eficiencia en los servicios que la Administración presta a los ciudadanos y mejorar, en definitiva, un sector de dimensiones moderadas, se compare como se compare, se tome el indicador que se tome (PIB, población, PIB per cápita) o los informes tanto de organismos oficiales como de fundaciones ideológicamente no próximas a este Gobierno.

Es necesario adecuar ese sector a los nuevos tiempos que vivimos, en los que las sobrevenidas restricciones presupuestarias y las nuevas exigencias sociales nos llevan a todos a repensar los esquemas con los que hasta ahora estábamos trabajando.

A repensar lo público, desde luego, pero solo como una faceta más en la amplia y necesaria reflexión a la que nada puede sustraerse en el momento actual. Sabemos que, partiendo de diferentes criterios en el análisis, llegaremos a distintas soluciones, que pueden resultar muy distantes si se opta por plantear propuestas sin análisis. Sin indicadores objetivos. Por eso entendemos y esperamos las discrepancias.

El tiempo, la acción y los objetivos de quienes nos acercamos a lo público desde el profundo respeto a su papel no serán nunca ni los tiempos ni las acciones ni los objetivos de quienes miren hacia lo público desde el prejuicio, el recelo o el desprecio.

Repensando lo público en un contexto cambiante (SUPRESIÓN DE ENTIDADES)

El sector público asturiano fue formándose a lo largo de décadas para dar respuestas eficaces a las necesidades de momentos muy diferentes. Nada tiene que ver la Asturias de 1947, año de la creación de Sedes, cuando solo la iniciativa pública podía asumir la reconstrucción de un territorio arrasado, con la Asturias de hoy.

Nada tiene que ver tampoco la Asturias actual con la de 1968, cuando la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, la Caja de Ahorros de Asturias y la Diputación Provincial, que aportó el solar del Hospicio Provincial, fundaron Hostelería Asturiana S.A. (Hoasa). Ni persisten las condiciones que llevaron al Principado en 1984 a crear Desarrollo Integral de Taramundi (Ditasa), cuando el por  entonces casi desconocido concepto de turismo rural solo podía arrancar con la implicación y respaldo de la administración pública. Nada que ver, de nuevo, con el momento actual. No parece que la explotación hotelera y hostelera sea ahora mismo labor esencial de la Administración del Principado.

Pero también entidades creadas más recientemente, para dar respuestas puntuales, son objeto claro de una primera acción sobre nuestro sector público porque ya han cumplido con su misión coyuntural o ya no responden a su primera razón de ser. Parque de la Prehistoria S.A. nació con el objetivo de diseñar y materializar un proyecto cultural y turístico de referencia que ya desde 2007 es una realidad en Teverga. La empresa Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA) se constituyó en 2006 para establecer, explotar y prestar servicios de telecomunicaciones en el momento en el que era imprescindible la intervención pública para garantizar la inversión en unas infraestructuras que la iniciativa privada nunca habría asumido.

Evitar duplicidades, otro de los criterios con los que este Gobierno se acerca al análisis del sector público asturiano, es lo que nos ha llevado, en este primer texto normativo, a suprimir el Instituto Asturiano de Estadística, supresión que, como saben, en absoluto implica que se prescinda del servicio dentro de la Administración del Principado puesto que estas competencias van a seguir ejerciéndose desde la Consejería de Economía y Empleo.

Ese análisis del sector público nos ha llevado también a repensar entidades recientes que merecen cambios para hacerlas más efectivas y adecuarlas a las demandas de ciertos sectores de la sociedad. Es el caso de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa), un medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración del Principado y de las entidades locales que acota a través de este proyecto de ley su objeto social para especializarse en los ámbitos del medio rural y el medio ambiente, dejando fuera de su acción la ejecución de obras, campo en el que entendemos que podría entrar  en colisión con la empresa privada en un momento extraordinariamente delicado para nuestro tejido empresarial.

Con el fin de ganar en sinergias y en efectividad, se propone la fusión de dos sociedades como son la Sociedad Regional de Turismo, creada en 1986, con la más reciente Gestión de Infraestructuras culturales, turísticas y deportivas (Recrea). Ambas comparten el ámbito turístico como parte de sus más amplios, pero complementarios, objetos sociales. La unidad resultante permitirá reforzar la gestión y la promoción de la oferta turística y cultural de Asturias, concentrando recursos y reforzando la acción en un sector crucial.

También comparten objetivo y misión, la seguridad ciudadana, las entidades públicas 112 Asturias y Bomberos del Principado de Asturias. El presente proyecto de ley recoge su unificación en un nuevo organismo autónomo, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que optimizará recursos y seguirá garantizando el servicio de calidad en el sensible ámbito de la seguridad pública.

Esas son, señorías, las líneas maestras del Proyecto de Ley de medidas de reestructuración del sector público autonómico que el Gobierno de Asturias somete a debate en este pleno. Como saben, es la primera de tres normas que completarán el proceso de reordenación. Estamos en estos momentos en plena elaboración de un segundo proyecto de ley que contemplará nuevas medidas, entre ellas las que afectarán al Ente Público de Comunicación, y a finales de año una tercera y última ley cerrará el proceso estableciendo el marco jurídico de ordenación general del sector público y en la que, entre otros aspectos,  se simplificará y homogenizará la variada tipología de entidades, y por tanto de regímenes jurídicos, existentes en la actualidad.

Reordenar lo público para fortalecer lo público (entidades que permanecen)

En efecto, el tiempo cambiante, las circunstancias presupuestarias y la coyuntura económica y social van marcando el criterio con el que debemos afrontar lo público, y de ahí surgen los pasos que estamos dando y los tiempos que estamos marcando.

Y de ese análisis también concluimos que precisamente esas circunstancias cambiantes, que exigen la reordenación de algunos aspectos del heterogéneo sector público autonómico, demandan también la imprescindible pervivencia de otros. Hoy es aún más imprescindible la presencia de lo público en ámbitos como la sanidad, la dependencia, los mayores, la vivienda de protección pública o el empleo. Cualquier revisión seguirá reclamando que prevalezcan el ERA, el SESPA, VIPASA o el Servicio Público de Empleo.

Porque lo público sigue siendo –quizá sea ahora más que nunca- un elemento esencial e irrenunciable de cualquier proyecto político progresista. Los servicios públicos son, desde luego, mejorables y revisables. Y por eso, desde el Gobierno del Principado de Asturias estamos actuando y lo hacemos en varios ámbitos. Pero nunca entenderemos ni compartiremos la reforma del sector público como coartada para la eliminación de puestos de trabajo sin previo análisis o la privatización como único, y falso, camino hacia la gestión eficaz. Eso que ilustraba magistralmente El Roto en una de sus viñetas de consejos entre siniestros amos del mundo: “Concertad con lo privado y desconcertad con lo público”. No compartimos la ceremonia de desconcierto ni de confusión en torno a lo público, por eso este proyecto de ley no puede contentar, ni lo pretende, a quienes, interesados en el desconcierto con unos y el concierto con otros, buscan con la excusa del ahorro y la austeridad extrema, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de lo público, o ligan sin mayor reflexión gasto público y presión fiscal  para presentar algo insostenible con el mismo objetivo.

Sí, queremos racionalizar y reestructurar lo público, y lo estamos haciendo, pero precisamente para asegurar su pervivencia, para que salga de estos momentos de crisis y restricción más fuerte, para que aflore tras el cambio su mejor versión, la que le asegure sostenibilidad, la que siga garantizando la seguridad de la mayoría.

No estamos corrigiendo el tamaño de un sector reducido y moderado, no es ese nuestro principal objetivo ni mucho menos la supresión sin más de puestos de trabajo.

Los que basan su decisión en los números y únicamente en los números deberán justificar con números, en el ahorro presupuestario presente y futuro, su propuesta. Y,  sin son rigurosos en el análisis, no les saldrán las cuentas.

Porque, señorías, como ya se ha dicho en más ocasiones en esta cámara, el peso presupuestario del sector público asturiano se concentra en los organismos o entidades que constituyen el corazón de los servicios públicos básicos y eso se va a proteger.

Por eso, no medimos únicamente en números los objetivos de esta reestructuración. El éxito se medirá en el tiempo, si logramos a través de estas acciones hacer que lo público prevalezca, que sea sinónimo de seguridad y también de eficacia, de servicios de calidad y de gestión eficiente. No puede decirse que el nuestro sea un objetivo poco ambicioso.

En esa tarea global esta ley es un primer paso, solo un primer paso, medido, responsable y coherente.