·          El Ayuntamiento llegó a cobrar  la totalidad de la ayuda concedida por valor de 4.542.860 euros, a pesar de lo cual no fue capaz de ejecutar la obra en el plazo de 5 años

·          La empresa adjudicataria pidió la suspensión de la obra en agosto de 2010, ante los impagos del Ayuntamiento de Pravia

·          El Ayuntamiento afirma desconocer dónde están los acopios de materiales previamente certificados por importe de 953.453 euros

20-mar-2012 (Oviedo).-  La Consejería de Hacienda del Principado reclama  al Ayuntamiento de Pravia el reintegro de la subvención de de 4.542.860 euros, para rehabilitar el edificio de ‘La Azucarera’ por no haber ejecutado en cinco años esta obra.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2006, la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Pravia firmaron un Convenio de Colaboración, para el desarrollo del proyecto de inversión consistente en la construcción y equipamiento inicial de un Centro de Servicios Comunitarios en el edificio de ‘La Azucarera’, en Pravia.

Este convenio, establecía una aportación de la Comunidad Autónoma cifrada en 3.400.000 euros para rehabilitar el edificio, financiada por distintas Consejerías. En particular, la Consejería de Presidencia aportaba 520.000 euros, la Consejería de Comunicación y Turismo añadía 785.000 euros, la de Medio Rural y Pesca concedía 265.000 euros y por último, la Consejería de Industria y Empleo financiaba el proyecto con un total de 1.830.000 euros. Asimismo, el Ayuntamiento de Pravia, presidido por el alcalde Antonio de Luis Solar, se comprometió a aportar una cantidad de 600.000 euros por lo que la inversión total quedó cuantificada en 4.000.000 euros, teniendo que quedar ejecutada al finalizar el año 2008.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2007  el Ayuntamiento de Pravia suscribió  un nuevo  Convenio  con la Consejería de  Presidencia, Justicia e Igualdad para la “Construcción y equipamiento inicial de nuevos Juzgados de 1ª Instancia en Pravia”, ubicados en este mismo inmueble de ‘la Azucarera’, por lo que a la subvención inicial, se añadió una nueva por importe de 1.142.860 euros aportados también por la Comunidad Autónoma.

En total, el  Ayuntamiento de Pravia pasó a disponer de una ayuda aportada desde distintas Consejerías de la Comunidad Autónoma que ascendía en términos globales a 4.542.860 euros, que suponía un 88,33% del coste total del proyecto, estimado este último en 5.142.860 euros. Para la ejecución de dicha rehabilitación, el ayuntamiento tan sólo debía aportar el 11,67% de la cifra estimada para el conjunto de la obra.

Sin embargo, el proyecto estuvo plagado de incidencias desde un inicio y lo que en principio era una obra cuya duración sería de dos años, se transformó en toda una quimera cuyo plazo estimado de realización quedó fijado en 5 años, todo ello mediante las modificaciones pactadas sobre ambos convenios que fueron sucesivamente publicándose cual letanía en el boletín oficial del Principado. Hasta tres modificaciones tuvo el primero de los Convenios y dos el firmado posteriormente con Justicia.

Pero a pesar de las sucesivas ampliaciones en el plazo de ejecución de la obra, el Principado decidió adelantar el pago de las cuantías de las subvenciones. De esta manera, en el año 2006 la Comunidad Autónoma pagó al Ayuntamiento de Pravia el importe de 600.000 €. Posteriormente, en 2007 se abonaron 300.000 euros y en 2008 se realizó un nuevo pago por 1.235.000 euros.  El mayor desembolso se produjo en 2009, año en el que se abonó la cifra de 2.786.430 euros, hasta que por último, en 2010 finalizó el régimen de pagos previsto realizándose una última transferencia por valor de 421.430 euros.

Lo más llamativo de la situación es que, según el propio Ayuntamiento ha admitido ante el Principado, la actividad de la obra cesó desde agosto de 2010 hasta la actualidad, al abandonar la UTE adjudicataria la obra como consecuencia de los impagos del ayuntamiento.

La obra de ‘Rehabilitación de la Azucarera para Juzgados y Administración’, había sido adjudicada por el ayuntamiento a la UTE SEDES – ISOLUX, CORSAN CORVIAM, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2009 por importe de 3.600.227 euros y 576.036 euros en concepto de 16 %IVA (Total: 4.176.263 euros) con un plazo de ejecución de 15 meses.

Y sólo un año después de la adjudicación, la empresa solicitó la suspensión de la obra por los sucesivos impagos del Ayuntamiento, a pesar de que éste ya había cobrado del Principado el 100% de la subvención concedida, que superaba incluso el importe total de adjudicación de la misma.

Tras los cinco años transcurridos desde la firma del primer convenio, el 31 de diciembre de 2011 expiró el plazo límite que tenía la Corporación local para ejecutar la obra, por lo que la Administración Autonómica solicitó que se presentara la justificación y empleo de los fondos públicos procedentes de la subvención concedida.

Es en este momento, cuando inexplicablemente el socialista Antonio de Luis Solar, como alcalde del Ayuntamiento de Pravia y por tanto responsable de la gestión de la ayuda, ha admitido la no conclusión de la obra. Así las cosas, y requerido sobre el uso dado a los fondos recibidos, el Ayuntamiento sólo ha podido justificar la realización de un 55,19% del proyecto, siendo este porcentaje bastante inferior al de la ayuda pagada por el Principado, que suponía el 88,33% del coste total de la inversión.

A esta circunstancia, se une otra aún más rocambolesca, y es que tras haber pedido la empresa adjudicataria la suspensión de la obra en agosto de 2010, sin embargo año y medio después el Ayuntamiento aún no había  procedido a formalizar la misma. Y por si fuera poco la escandalosa situación narrada, técnicos municipales han procedido a realizar una relación valorada de los acopios existentes y en buen uso, constatando la falta de numerosos acopios con relación a la última certificación emitida. En concreto, los acopios no localizados suman la nada desdeñable cifra de 953.453 euros, que tras haber sido incluidos en una de las justificaciones presentadas ante el Principado, ahora el Ayuntamiento solicita descertificar.

La no ejecución del proyecto para el cual se concedió la subvención junto con la inverosímil justificación del empleo dado por el Ayuntamiento a los fondos públicos que financiaban el mismo, son las razones por las cuales el Principado, en aplicación de la Ley de Subvenciones, necesariamente ha de reclamar la cuantía concedida y ordenar el reintegro de la ayuda, cuyo correcto uso no ha podido ser justificado por el Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio de que en el futuro se emprenda cualquier otra acción que pudiera proceder.